La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado hoy en el Teatro Salvador Távora de Sevilla, su 18º Informe anual “Discriminación y Comunidad Gitana” con el tema de fondo dedicado a El sesgo discriminatorio en el uso de la inteligencia artificial y su impacto en la comunidad gitana.
El uso cada vez más frecuente de algoritmos para la toma de decisiones y de sistemas basados en la inteligencia artificial en muchos sectores de la sociedad, la economía y la vida cotidiana, puede conllevar riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales, por los diferentes sesgos (étnicos, de género, etc.) que se producen en su diseño, o de forma indirecta o ciega, por el uso de big data que reproducen los estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad. Por ello este Informe Anual profundiza en este tema con cuatro artículos que valoran el posible impacto de estos sistemas en los derechos humanos y, en concreto, en los derechos de la comunidad gitana.
El Informe, que este año presenta 554 casos de discriminación y antigitanismo, incluye una versión en papel, y el relato más detallado de todos los casos, con una descripción de los hechos, la intervención y el resultado, en la versión digital, en el microsite https://informesdiscriminacion.gitanos.org/ en cuya base de datos se pueden consultar los casos de todas las ediciones.
En la inauguración del acto ha intervenido Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 e Isidro Rodríguez, director general de la FSG, quien recordó que “el propósito de este informe es aportar datos concretos y casos verificados de discriminación que demuestran que el derecho a la igualdad de trato de muchas personas gitanas se sigue vulnerando en nuestro país”.
Sara Giménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, y Loles López Gabarro, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía clausuraban la jornada, que ha contado con representantes institucionales, partidos políticos, cuerpos de la seguridad del Estado y de la Fiscalía, representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, miembros de ONG y otros agentes.
Sara Giménez en su intervención indicó que “casos como el de Peal de Becerro e Íllora nos muestran la necesidad de seguir denunciando los casos de discriminación antigitana y acompañar a las víctimas". Además, “gracias a la reciente Ley de Igualdad de Trato, los jueces podrán aplicar el agravante de antigitanismo, introducido en el Código Penal. Confiamos en que la implementación de la Ley aborde una mejor defensa de estos casos y el resarcimiento a las víctimas”.
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