Un matrimonio gitano abrió en un barrio de Madrid una asociación para ayudar a pobres y con adicciones. Muchos eran gitanos. Al poco tiempo, una señora abrió un bar al lado. Sin ningún problema aparente, la dueña del bar empezó el acoso: “Hitler, ese sí que era un señor, que llevaba a los gitanos a los campos de concentración”, les dijo. O también: “Hoy llueve, bien, así se lavan un poco”. Ambas partes se denunciaron mutuamente y el caso sigue en litigio.
En Murcia, una joven fue con una amiga a visitar una habitación para alquilar. La agente inmobiliaria les iba a enseñar el cuarto disponible. Llegó su jefe y la cortesía cambió. Quería saber dónde trabajaba la joven. De repente, les dijo que no había ninguna habitación disponible y que ya les llamarían si surgía algo. La joven fue a informar a la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Desde allí llamaron a la empresa para comprobar si era verdad: seguían de hecho teniendo habitaciones para alquilar. La técnico de FSG entonces se identificó y pidió explicaciones: “No quiero alquilar a yonkis y no me toques los huevos”, le respondieron. El caso está en los juzgados.
Estos casos son dos ejemplos de los 202 que tiene comprobados y documentados en 2016 el informe anual de discriminación de la FSG. Hitler sale una segunda vez. En el ensanche de Vallecas una familia gitana había ocupado una vivienda, según cuenta el informe. En una escalada de amenazas e insultos, una vecina les dijo: “Hitler tendría que haber acabado con vosotros”. Un delito contra la propiedad no parece equivaler a un delito de odio: “Una cosa es que esté mal lo que alguien haga y otra es responder con un discurso del odio”, dice Sara Giménez, abogada gitana y responsable de Igualdad en FSG.
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