La discriminación por motivo de origen racial o étnico está prohibida en la Unión Europea. Sin embargo, esa discriminación persiste en nuestra sociedad. Más de la mitad de las personas que viven en la UE creen que esta discriminación está muy extendida en su país. En otras palabras, significa que un gran número de personas sufren discriminación, lo que afecta su dignidad humana, sus oportunidades vitales, su prosperidad y su bienestar y, a menudo, su seguridad personal. Las encuestas muestran que las personas que se han sentido discriminadas son reacias a denunciar esos incidentes.
En un momento en el que las desigualdades raciales y la discriminación siguen persistiendo en Europa y en otros lugares y en el que el movimiento Black Lives Matter se ha convertido en un movimiento global de derechos humanos a partir del asesinato de George Floyd en EE. UU. a manos de la policía, el 18 de septiembre de 2020 la Comisión Europea adoptó una ambicioso Plan de acción de la UE contra el racismo que establece una serie de medidas para los próximos 5 años.
Hace dos meses, celebramos el primer aniversario del Plan de acción de la UE contra el racismo (ARAP) y me complace decir que la implementación del plan de acción avanza a gran velocidad, especialmente porque ya teníamos experiencia en esta materia.
Es importante destacar que el Plan de acción de la UE contra el racismo reconoce la dimensión estructural del racismo, que perpetúa las barreras que se interponen en el camino de ciudadanos y ciudadanas debido únicamente a su origen racial o étnico. El reconocimiento del racismo estructural es un gran paso adelante, dado que el racismo a menudo está profundamente arraigado en la historia de nuestras sociedades, entrelazado con sus raíces y normas culturales. Puede reflejarse en la forma en que funciona la sociedad, en cómo se distribuye el poder y en cómo los ciudadanos y ciudadanas interactúan con el Estado y los servicios públicos. Puede ser inconsciente y a menudo se percibe cuando no refleja los intereses de las personas afectadas por el racismo, aunque esto no se dé necesariamente por un intento directo de exclusión.
Todos los días, las personas afectadas por el racismo pueden sentir su impacto en su acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la financiación o a la educación, así como en los casos de violencia. El racismo les está robando la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el racismo y la discriminación racial deben abordarse en todos los niveles de la sociedad y deben combatirse de manera integral y en diferentes áreas políticas, desde el nivel internacional hasta el nivel de los Estados miembros, y en los niveles regional y local.
El Plan de Acción también reconoce claramente que existen diferentes formas de racismo, por ejemplo, el antigitanismo, el racismo contra las personas negras, el antisemitismo y el racismo contra las personas asiáticas, o el vinculado a la religión o a las creencias en casos como el odio contra las personas musulmanes. Todas estas formas comparten la realidad de que el valor de una persona se ve socavado por estereotipos basados en el prejuicio. Además de la religión o las creencias, el racismo también puede combinarse con la discriminación y el odio por otros motivos, incluyendo el género, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, o contra las personas migrantes. Esto debe tenerse en cuenta mediante un enfoque político interseccional.
Una perspectiva interseccional profundiza en el análisis del racismo estructural y hace que las respuestas sean más efectivas.
Las protestas por la justicia racial que hubo en el verano de 2020 en toda la UE dejaron claro que la legislación y las políticas de la UE contra la discriminación racial debían revisarse.
La UE cuenta con un avanzado marco legal para promover la igualdad y la no discriminación. Los 27 Estados miembros de la UE han transpuesto este marco legal a las leyes nacionales, lo cual es algo positivo. Esto a menudo se ha hecho incluso yendo más allá de las normas mínimas incluidas en la Directiva sobre igualdad racial y en la Directiva sobre la igualdad en el empleo.
A pesar de esto, los datos recopilados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) muestran que muchas personas en la UE todavía viven situaciones de desigualdad y de exclusión social de forma habitual. La discriminación puede basarse en la discapacidad, el sexo, la edad, el origen racial o étnico, el color de piel, la religión o las creencias, la orientación sexual y la identidad de género, o en una combinación de estos factores.
El informe sobre la aplicación de las Directivas de igualdad racial y de igualdad en el empleo publicado en marzo de 2021 concluía que los Estados miembros deben hacer un seguimiento más estrecho de la aplicación de las Directivas, en particular en relación con la protección contra la victimización y la aplicación de sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas. El informe señalaba la necesidad de concienciar sobre sus derechos a las personas particularmente expuestas a sufrir discriminación, así como sobre los mecanismos de apoyo existentes. También destacaba la necesidad de aumentar la confianza en las autoridades y facilitar el acceso a la justicia. Aquí es donde el papel de los organismos nacionales de igualdad es tan importante.
Los organismos nacionales de igualdad son fundamentales para garantizar que las personas y los grupos que sufren discriminación puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Deben poder realizar de forma eficaz las tareas asignadas en virtud de la legislación de la UE. La actual legislación de la UE deja libertad a los Estados miembros sobre los poderes y el funcionamiento de los organismos de igualdad. Esto da lugar a grandes diferencias entre los organismos nacionales de igualdad, y muchos de ellos trabajan con diferentes niveles de independencia, recursos y competencias. La Comisión se compromete a preparar nueva legislación para fortalecer los organismos de igualdad mediante la adopción de una legislación vinculante sobre estándares para los organismos de igualdad para fines de 2022. Los estándares incluirían, entre otras cosas, el mandato de los organismos de igualdad, sus poderes, su independencia y sus recursos.
Los Estados miembros de la UE juegan un papel importante en la lucha contra el racismo. La Comisión anima a los estados miembros a desarrollar y adoptar sus respectivos planes de acción nacionales contra el racismo y la discriminación racial para fines de 2022. Con este fin, la Comisión creó el subgrupo sobre la implementación nacional del Plan de acción de la UE contra el racismo 2020-2025.
El subgrupo está definiendo actualmente los principios rectores comunes para los planes de acción nacionales contra el racismo con el apoyo y la experiencia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y de los Estados miembros, y con la estrecha participación de la sociedad civil y de los organismos de igualdad. El objetivo de las directrices es facilitar los procesos del plan de acción nacional. Además, la Comisión propone informar periódicamente sobre la aplicación de los planes de acción nacionales contra el racismo, con un primer informe a finales de 2023. Esto será fundamental para el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje mutuo y para una evaluación de los progresos a nivel nacional y a nivel de la UE.
Los datos precisos y comparables son esenciales para permitir que los responsables políticos y la sociedad evalúen la naturaleza de la discriminación que sufren los grupos marginados. Permite a los responsables políticos diseñar, adaptar, supervisar y evaluar mejor las políticas. Los datos sobre igualdad son, por tanto, una herramienta poderosa en la lucha contra la discriminación y la exclusión.
La Comisión está plenamente comprometida con la puesta en marcha de la recopilación de datos sobre igualdad. Por datos sobre igualdad entendemos cualquier dato que sea útil para describir y analizar el estado de la igualdad. En todas las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la igualdad se subrayó la necesidad de disponer de datos fiables y comparables a nivel europeo y nacional y de desarrollar un enfoque coherente sobre la recopilación de datos sobre la igualdad. Esto incluye la Estrategia de igualdad de género, la Estrategia de igualdad LGBTIQ, el Marco estratégico de la UE sobre los gitanos y el Plan de acción contra el racismo.
No obstante, todavía falta una recopilación continuada y comparable de datos sobre igualdad y no discriminación. Esto limita el seguimiento efectivo de la aplicación de los marcos legales básicos de la UE en este ámbito.
La recopilación de datos sobre igualdad se ha considerado durante mucho tiempo como un tema especialmente delicado en muchos países europeos. Los datos personales sensibles deben recopilarse sobre la base de la autoidentificación y de forma voluntaria. Están fuertemente protegidos por las normas constitucionales, la ley de protección de datos de la Unión Europea aplicable y la Carta de los Derechos Fundamentales. Sin embargo, si se recopilan y procesan respetando plenamente este marco legal, estos datos son esenciales para que los Estados miembros evalúen su cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. También permiten a los responsables de la elaboración de políticas diseñar medidas basadas en pruebas para abordar la discriminación, las desigualdades y la exclusión.
Como se anunciaba en el Plan de acción contra el racismo, el 30 de septiembre de 2021, la Comisión organizó una Mesa redonda sobre datos de igualdad. El evento reunió a agentes clave para examinar los obstáculos que existen para la recopilación de datos sobre la igualdad, y para identificar las vías hacia un enfoque más armonizado. La Mesa redonda supuso un paso importante en nuestros intentos de tener un enfoque coherente de la recopilación de datos sobre igualdad.
Durante el evento la Comisión presentó la Nota orientativa sobre la mejora de la recopilación y el uso de datos sobre igualdad étnica y racial. Estas directrices no vinculantes brindan asistencia práctica a los Estados Miembros para mejorar la recopilación de datos desglosados por origen racial o étnico. La nota orientativa se incorporará a las directrices que la Comisión presentará en 2021 para apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de sus propios planes de acción nacionales contra el racismo.
La Nota orientativa fue elaborada por el Subgrupo de datos sobre igualdad, bajo la orientación y la experiencia de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA). Está formado por expertos/ as de toda Europa en materia de políticas de no discriminación, institutos nacionales de estadística y organismos de igualdad1. El subgrupo proporciona un foro importante para que los Estados miembros y las instituciones de la UE debatan sobre los retos y las oportunidades para mejorar la recopilación y el uso de datos sobre igualdad.
Debo decir que el Plan de acción de la UE contra el racismo es bastante ambicioso y consta de medidas integrales, horizontales e interseccionales para intensificar la lucha contra el racismo y la discriminación en la UE. El plan de acción será una herramienta clave en los próximos cinco años para avanzar verdaderamente en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la Comisión se centra en cómo consultar de forma eficaz a todas las partes interesadas pertinentes para garantizar que identifiquemos las necesidades y las preocupaciones reales.
El plan de acción incluye pasos importantes para dar un apoyo institucional al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia, y también a la futura legislación, a la financiación y al compromiso político con la lucha por la justicia racial.
Para luchar contra el racismo de forma global, la Comisión ha creado recientemente un foro permanente de ONGs2 que desean participar en los procesos consultivos y apoyar a la Comisión en la aplicación del Plan de acción de la UE contra el racismo. La Comisión anima al equipo de Lucha contra el Racismo a garantizar que, además de las organizaciones conocidas y ya consolidadas, también otras organizaciones de base y las voces menos escuchadas tengan la oportunidad de exponer su opinión. Es importante reconocer que los grupos marginados no son algo monolítico. En este contexto, la sociedad civil antirracista aboga por una participación estructural sostenida que le proporcione acceso al diseño, la implementación, la evaluación y el seguimiento de las políticas nacionales y de la UE pertinentes.
Las autoridades locales tienen mucha experiencia en el desarrollo de estrategias efectivas para combatir el racismo y en la construcción de redes, y deben priorizar la sensibilización y la formación en conocimientos sobre el papel de las personas de minorías raciales o étnicas en la sociedad y en la cultura europeas. La Comisión seguirá apoyando estos sistemas y redes. Este trabajo también puede basarse en la cooperación con la red de las principales ciudades europeas (EUROCITIES) y la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR), dirigida por la UNESCO. Más concretamente, la Comisión ha convocado en noviembre de 2021 el premio a las capitales europeas de la inclusión y la diversidad, que pretende dar visibilidad y destacar las mejores prácticas que pueden ser una fuente de inspiración para otras ciudades europeas a la hora de crear un entorno más diverso e inclusivo para sus ciudadanos/as.
Está previsto que organicemos la próxima Cumbre contra el racismo el 21 de marzo de 2022 con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Comisión tiene la intención de trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar su éxito. El principal objetivo de la Cumbre contra el racismo es involucrar a todas las partes interesadas para abordar el racismo en todas sus formas en Europa, garantizando un fuerte compromiso de los Estados miembros y las instituciones de la UE con la implementación del plan de acción.
Durante nuestra primera reunión oficial con las ONGs, celebrada el 5 de octubre de 2021, la Comisión intercambió información con las organizaciones de la sociedad civil antirracistas para la preparación de la Cumbre y, como Coordinadora contra el racismo de la UE, haré todo lo posible para que sus sugerencias se reflejen lo más posible en la agenda.
Al final, la crisis de la COVID-19 y sus impactos están afectando de manera desproporcionada a ciertas comunidades y grupos de población raciales, nacionales o étnicos marginados. La pandemia ha puesto de relieve las desigualdades estructurales subyacentes y los problemas fundamentales en diversas áreas de la vida social, económica, civil y política, y ha agravado el racismo y la discriminación racial que existen en muchas partes del mundo.
La UE, junto con los Estados miembros, tienen la responsabilidad de mostrar solidaridad en momentos de crisis como los de la Covid-19 y de proteger a todas las personas, incluida la población gitana.
Los problemas sistemáticos que las personas gitanas ya estaban viviendo, como el antigitanismo, la exclusión social y las altas tasas de pobreza, aumentaron aún más con la aparición de la Covid-19. La pandemia también reveló el alcance de las peligrosas y terribles condiciones de vida y el hacinamiento de las comunidades gitanas segregadas. El alcance de los problemas que han vivido las personas gitanas durante la pandemia también ha sido señalado por la FRA en su publicación de septiembre de 2020 o en el Resumen de medidas relativas al impacto de la Covid-19, que fue enviado a la Comisión Europea por los Estados miembros.
Por estas razones, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que hagan un mejor uso de los fondos relevantes de la UE relacionados con la recuperación de la COVID-19 y pongan en marcha medidas que se ajusten a la orientación establecida en el Marco Estratégico de la UE sobre los gitanos, para abordar mejor los nuevos desafíos, como la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, asegurando la inclusión digital y ofreciendo justicia ambiental. Esto se incorporó además en la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la población gitana, que ha sido adoptada por unanimidad por todos los Estados miembros.
Además, la carta que la Comisaria Dalli envió el 8 de abril de 2020, junto con los Comisarios Kyriakides y Schmit, a los ministros pertinentes de cada Estado miembro llamó la atención sobre la importancia de la disponibilidad de alimentos y agua y la entrega de medicamentos y productos sanitarios clave para todas las personas, dando prioridad al apoyo dirigido a las más vulnerables, como las de las comunidades gitanas marginadas. La carta señalaba las desigualdades raciales preexistentes, exacerbadas por la pandemia de la COVID-19, y recomendaba difundir ampliamente información tanto a las personas gitanas como a la población mayoritaria para evitar una mayor propagación del odio. La Comisión recordaba a los Estados miembros que la legislación europea debe aplicarse plenamente también durante la crisis de la COVID-19. Las herramientas legales siguen estando vigentes y deben aplicarse.
Me gustaría, una vez más, destacar que, en esta situación sin precedentes de propagación del virus COVID-19, una muestra de solidaridad y confianza mutua es más importante que nunca, en beneficio del interés público. Por lo tanto, todas las autoridades públicas y los cargos políticos deben abstenerse de toda estigmatización, “etnicización” o de utilizar a las personas gitanas como chivos expiatorios, ¡incluso durante la pandemia!
Tenemos grandes desafíos por delante, pero también existen grandes oportunidades. Estamos comprometidos/as en mostrar nuestro liderazgo en la lucha contra el racismo y contras otras formas de discriminación. Mi esperanza es que, al final de mi mandato, hayamos podido aplicar de forma eficaz el plan de acción y que este produzca cambios sobre el terreno. Espero que se genere un cambio en el reconocimiento de la importancia de incorporar el antirracismo en la elaboración de políticas y de intensificar las acciones contra el racismo en la Unión Europea. Esto solo puede lograrse con un verdadero compromiso en la lucha contra el racismo, trabajando juntos y juntas de forma horizontal y con un marco interseccional para garantizar que en los próximos años se intensifique realmente la lucha contra el racismo en la UE.
Traducción: Javier Sáez del Álamo
Michaela Moua
Coordinadora de la Comisión Europea contra el racismo
Vanessa Kabuta y Lavinia Banu
Expertas de la DG Justicia de la Comisión Europea