Ya ha pasado un año desde que comenzaran las restricciones motivadas por la pandemia causada por la COVID-19. Un año intenso en las que todas y todos hemos sufrido el impacto de esta enfermedad, en mayor o menor medida.
Ha sido la primera vez en democracia que se utiliza un mecanismo democrático como es el denominado “estado de alarma” para coartar la libertad deambulatoria de las personas. Un año difícil también para los servicios policiales, que tuvimos que hacer frente a una situación sanitaria con medidas policiales.
Parece lejano, pero todavía podemos recordar la impactante imagen de las ruedas de prensa diarias en las que los altos mandos de policía, Guardia civil y ejército anunciaban a diario el número de denuncias y las actuaciones de control que se realizaban.
Pero, en algún momento, ¿alguien ha reflexionado sobre el impacto que ha tenido en la población el visibilizar y mostrar que la pandemia se controlaba con medidas policiales? No queremos poner en duda que las medidas de restricción de movilidad hayan sido eficaces, que lo han sido, sino el impacto y las consecuencias negativas que han tenido estas medidas para la población, sobre todo el impacto en aquellos sectores más desfavorecidos.
Desde los poderes públicos se debe evaluar el impacto que pueden tener determinadas medidas, en ocasiones es tan sencillo como realizar un análisis coste-beneficio. Sin poner en duda que las medidas de restricción de la movilidad han servido para controlar la pandemia, lo que es más dudoso es si ha sido por el control de las medidas efectuado por los servicios policiales o por el cumplimiento de la gran mayoría de la población.
La primera cuestión a destacar ha de ser la incertidumbre generada por la cambiante normativa, que ocasionaba discrepancias y choques con el personal policial encargado de hacer cumplir la norma. Hemos asistido a prohibiciones como no poder compartir coche; o que en un vehículo sólo pudiera viajar una persona por fila de asientos; o cambiar en quince días la norma; o que en una misma localidad una acera se aplicaba una norma y en la de enfrente otra; diferencias por estar en distintas comunidades autónomas o diferentes zonas sanitarias; sin olvidarnos que en ocasiones el propio personal policial desconocíamos la normativa a aplicar: los medios de comunicación difundían una noticia, los boletines oficiales publicaban otra y para más embrollo, en ocasiones existían tribunales que o bien paralizaban o bien necesitaba la ratificación de la norma para su aplicación.
Lo cierto es que esta situación de pandemia ha tensado las costuras de nuestro sistema y quizás deba ser un punto de inflexión para revisar esas costuras de nuestro propio sistema que no siempre ha cosido bien las diferencias étnicas, culturales, socioeconómicas, etc. que tiene nuestra sociedad.
Y es que cuando tensionas tanto el sistema, al final, quienes más sufren las tensiones son siempre los grupos sociales minoritarios o menos representados en los centros de decisión.
Si planteamos que las restricciones de movilidad se van a vigilar con controles aleatorios de la policía, quienes más van a sufrir esos controles serán los grupos que más paradas sufren día a día, en el caso de España la población gitana2. Y es que en España todavía hay un fuerte estereotipo hacia el pueblo gitano, que cuando tensas las costuras, aflora rasgando ese traje que se llama cohesión social y que se ha cosido con el hilo de la democracia y paños como la Constitución, y otras telas como las diversas normas internacionales que protegen los derechos humanos y la lucha contra la discriminación.
Solamente hizo falta un video de unas personas gitanas comprando en un supermercado, víctimas de la psicosis que a todas y todos nos abordó sobre el desabastecimiento de productos de primera necesidad, para difundir3 que habían recibido una ayuda del gobierno para gastar.
Este mensaje no es asumido por un porcentaje importante de la población, pero en otro porcentaje importante lo cree como si se tratara de una norma publicada en el Boletín oficial del estado.
Cuando tu traje, tu sistema, no está bien cosido, cualquier elemento puede perturbarlo hasta rasgarlo. Bastó anunciar que el origen de la pandemia había sido localizado en la localidad china de Wuhan para que la población asiática fuera marcada por la sociedad4, a pesar de que ellos y ellas si sabían de la seriedad de la situación y voluntariamente cerraron sus negocios antes incluso del inicio de la declaración del estado de alarma. Pero una lectura con un prisma etnocentrista o incluso identitario bastó para marcarles como difusores del virus.
Pero las restricciones se cebaron con los que menos posibilidades tenían; en cambio, quienes tenían posibilidad de teletrabajar, además de disminuir sus posibilidades de contagio, reducían también las posibilidades de incumplir la normativa. Del mismo modo que la ansiedad generada por no poder salir de tu domicilio no era igual en una vivienda unifamiliar con parcela para poder pasear y recibir aire que en un piso compartido de una ciudad española, en el que conviven varias familias en cada habitación de la vivienda con niños y niñas. Las salidas para conseguir coger aire recordaban los esfuerzosde Clint Eastwood en la fuga de Alcatraz. Una odisea, y un temor continuo a ser descubierto por la policía o acusado por tus vecinos desde sus balcones y ventanas, como si operaran con focos luminosos buscando al recluso prófugo en el patio de la cárcel al caer la noche.
Estas salidas furtivas ocasionaban encuentros con la policía. Los y las policías actuaban – y actuamos- de forma legítima y amparados por la norma. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el mero hecho de circular por la calle, permite que la policía solicite tu identificación y pueda comprobar que la persona se encuentra dentro de las excepciones a las restricciones.
Cuando la policía actúa, no lo hace, como diría John Rawls5, desde la posición original con el velo de la ignorancia, lo hace con la carga de prejuicios, estereotipos y habilidades comunicativas que cada individuo policía lleva como consecuencia de su experiencia vital, social y profesional. En ocasiones, las menos, pero no por pocas no han de llamarnos la atención, estas actuaciones influenciadas por los prejuicios y la falta de empatía ocasionan enfrentamientos entre la policía y determinados grupos o personas.
Cuando él o la policía interactúa con alguien de su mismo grupo étnico-cultural, la empatía, el diálogo y la solución pactada y consensuada al conflicto puede resultar más sencilla. Entendemos por conflicto en esta situación de estado de alarma, que una persona deambule por la calle sin causa justificada,.
Resulta más fácil para el ser humano empatizar con aquellas conductas que conoce y en muchas ocasiones comparte. Por ejemplo, la asistencia a un lugar de culto, si forma parte de tu religión o de la que tradicionalmente has conocido como normalizada en tu sociedad, es más fácil que entiendas esa necesidad de asistir y de curación del alma, que otra religión de la desconoces cómo celebra el culto y su significado.
A esta situación hay que añadir que no todas las confesiones religiosas disponen de lugares de culto en todas las ciudades, ni que decir tienen en cada barrio de cada ciudad, que permitan en caso de confinamiento perimetral o de limitación de la movilidad por zona sanitaria poder asistir a esa necesidad que tienen muchas personas de rezar, orar, o buscar la paz y tranquilidad que les puede proporcionar la asistencia a los oficios de la religión que profesan. A esto le sumamos las incineraciones realizadas por motivos sanitarios, totalmente justificadas, pero que para las personas que profesan diferentes religiones significa no haber podido enterrar a sus seres queridos acorde a sus ritos y tradiciones, lo que dificulta aún más si cabe, el pasar el periodo de luto para los creyentes sin poder asistir y sentirse reconfortados en los lugares de culto que habitualmente frecuentan.
Esto nos debe invitar a plantearnos como sociedad la cuestión de si estamos a la altura de la protección del derecho fundamental de libertad religiosa recogido en nuestra Constitución y si nuestros servidores públicos y en este caso los servicios policiales tienen el suficiente conocimiento de la pluralidad religiosa de nuestra ciudadanía para facilitar la protección de ese derecho, sobre todo cuando atañe a lo que entendemos como colectivos minoritarios o confesiones minoritarias y si estas circunstancias han sido tenidas en cuenta a la hora de redactar la norma.
La situación socioeconómica también ha supuesto una mayor probabilidad de infringir las restricciones y confrontar con la policía o mayor probabilidad de contagio. Por ejemplo, si no permites circular a más de una persona por línea de asientos en un vehículo, quien más lo va a sufrir son aquellos núcleos familiares que no tienen vehículo propio, que comparten vehículo entre varias personas para acudir a sus puestos de trabajo y al final se ven abocados a hacer uso del transporte público, aun a riesgo de colapsar más estos servicios. En la misma línea las personas que tienen como base del sustento de su familia actividades como recogida de chatarra o cartones y venta ambulante, han visto mermados o incluso desaparecidos sus ingresos a causa del las limitaciones de movilidad, arriesgándose al realizar estas actividades a ser denunciados por incumplimiento de las medidas restrictivas.
Durante el estado de alarma, las personas extranjeras que no tienen su situación administrativa reguralizada han tenido miedo a salir a la calle para realizar cualquier actividad, incluso comprar el pan, por miedo a ser identificadas por la policía.
La premura de la redacción de la norma que amparaba el Estado de Alarma generó situaciones kafkianas, como la situación de incumplimiento del mismo por parte de las personas sin hogar y en situación de calle. Incumplimiento totalmente involuntario y desde luego indeseado por la persona que se encuentra en la calle.
Se tardó días en atender esta situación y ofrecer una solución habitacional transitoria. Entre tanto, esta perspectiva de solución policial de la crisis sanitaria, aderezada por la persecución del visillo desde los domicilios, aumentaron las actuaciones policiales con las personas sin hogar en situación de calle, y por ende, un aumento de intervenciones policiales con uso de la fuerza con las personas que se encuentran en esta situación, donde se deben recordar estos dos detalles: se trata de situación ocasionada por una crisis sanitaria, y sin solución prevista por la Administración.
No podemos olvidarnos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, trastornos del espectro del autismo, etc. las cuales han sufrido duramente la etapa del confinamiento con las limitaciones de sus actividades diarias y las prohibiciones a salir a la calle, aunque posteriormente se solventó la situación con la publicación de la Instrucción6 que las amparaba para ello con las denominadas “salidas terapéuticas”, tan necesarias para estas personas, pese a que el propio ejercicio del derecho les suponía una odisea para ellas y sus acompañantes, llegando hasta el extremo de plantearse utilizar algún tipo de distintivo como un brazalete de color azul o chalecos reflejantes, para evitar recibir los insultos y vejaciones de “los policías de balcón”, que además de discriminatorios y humillantes podían suponer un aumento del estrés y un agravamiento de la situación de las personas que los sufrían.
Las entidades que representan a las personas con discapacidad intelectual y sus familias se mostraron totalmente contrarias a esta práctica, como por ejemplo CERMI y Plena Inclusión7, por considerarlas discriminatorias y estigmatizar de nuevo a un colectivo que ha sido históricamente victimizado.
A esto sumamos las desafortunadas intervenciones policiales con personas con problemas de salud mental, en ocasiones sin diagnosticar, y que no poseían un certificado de discapacidad que pudiese acreditar las salidas terapéuticas.
Aunque estas críticas e intervenciones policiales desafortunadas hayan sido las menos, causan un gran impacto en la sociedad y ensombrecen el buen trabajo de muchos y muchas policías, que día a día se esfuerzan por conseguir una sociedad mejor, protegiendo a las personas y sus derechos, y en muchas ocasiones, exponiendo su vida e integridad física.
Este artículo solo quiere plantear que queda mucho trabajo por realizar en los poderes públicos para saber que cuando se dictan normas restrictivas quienes más las sufren son siempre los grupos minoritarios, por un lado por el sesgo en la aplicación de la norma que sufren debido a los prejuicios y estereotipos, y por otro lado y de forma transversal, por la situación socio económica, quienes menos posibilidades tienen sufren más normas restrictivas de derechos como el estado de alarma.
Como reflexión final planteamos que los servicios policiales deben tener en cuenta los aprendizajes que se pueden extraer de las críticas realizadas por las personas y colectivos que han sufrido discriminación. Esta reflexión debe ir orientada a la mejora de su funcionamiento para ofrecer una respuesta adecuada a la sociedad como servidores públicos, reconociendo que la sociedad es diversa y requiere de diversas respuestas y no de una respuesta homogénea.
Esta perspectiva de gestión para construir una sociedad cohesionada y libre de violencias es necesaria para que cualquier persona de cualquier ámbito social (independientemente de su origen, cultura, pertenencia étnica, religión o creencias, de su discapacidad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género) contemple como primera opción ante una situación que requiera ayuda, dirigirse a las y los agentes de policía con la seguridad de que va a ser atendido acorde a sus necesidades.
Pero esta reflexión se debe dirigir también al poder legislativo. Se debería realizar una revisión de las normas dictadas, ya que la mayoría de las normas que restringen derechos no reflejan la realidad de la totalidad de la sociedad y su diversidad, poniendo en estas circunstancias a los responsables de vigilar su cumplimiento y como garantes de los derechos y libertades, a los pies de los caballos en la aplicación de normativas que no contemplan la pluralidad y diversidad de su ciudadanía, sino más bien el cumplimiento de normativas que resultan discriminatorias por no tener en cuenta a la totalidad de la sociedad en el momento de su elaboración.
Afortunadamente, la mayoría de los servicios policiales en España han estado a la altura en el desempeño de la tarea encomendada desde el inicio del estado de alarma. Como colofón al presente artículo, los autores queremos plantear que el estado de alarma ha situado al sistema de valores y derechos fundamentales contra las cuerdas; su vigilancia y cumplimiento no ha hecho otra cosa que visibilizar y aumentar los prejuicios y estereotipos de la propia sociedad y de los componentes de los servicios policiales al delegar la vigilancia del cumplimiento de la norma en los patrulleros y patrulleras que a diario velan por nuestra seguridad en las calles de las ciudades españolas.
Carolina Coldeira y David Martín Abanades