1. ¿Qué debilidades o lagunas percibe en el marco actual de lucha contra la discriminación en España?.
Deben incorporarse, correctamente, a nuestro ordenamiento jurídico algunas garantías jurisdiccionales exigidas por la normativa comunitaria y en especial los mecanismos de inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la legitimidad para la defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Asimismo, sería muy positiva la implantación, de manera generalizada, de fiscalías especiales en la persecución de los delitos relacionados, con la discriminación, la intolerancia y el odio. Además, un aspecto fundamental para avanzar en la igualdad desde la diversidad y la no discriminación es la apuesta por una Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Pero, además, no debemos quedarnos solo en las más que necesarias reformas legales, sino que deben ponerse en marcha instrumento de acción político-administrativa. Sería necesario aprobar un plan de acción contra la discriminación que afronte el fenómeno de manera integral, tanto desde el punto de vista de los motivos de discriminación, como de los ámbitos en los que se produce, coordinando las actuaciones de las distintas administraciones públicas y reforzando instrumentos como la formación de empleados públicos, operadores jurídicos y sociales, así como la mejora en el conocimiento acerca de la discriminación produciendo de manera periódica estudios que permitan analizar la evolución y sus nuevas manifestaciones.
2. ¿Cuál es la posición de su partido respecto a una posible aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación?
Hemos sido el partido que presentó el pasado 1 de marzo la proposición de ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el Congreso, una iniciativa legislativa que fue aprobada como proyecto de ley por el Gobierno del Presidente Zapatero y que no pudo finalizar su trámite de aprobación parlamentaria en el año 2011. En el año 2012 desde la oposición presentamos de nuevo esta iniciativa que no entró a consideración de la Cámara al contar con el voto en contra de la entonces mayoría absoluta del grupo popular. Creemos que actualmente hay una mayoría parlamentaria a favor de la aprobación de una ley de Igualdad de Trato y No Discriminación además de una mayor demanda social sobre la necesidad de una legislación antidiscriminatoria. Por tanto esperamos que todos los grupos parlamentarios voten a favor de su tramitación parlamentaria. Nuestra intención es además trabajar con las distintas organizaciones que participaron activamente en su redacción para recibir e incorporar sus propuestas de mejoras al texto de la proposición de ley presentada este año.
3. ¿Cuál sería el valor añadido de esa Ley Integral y las medidas imprescindibles para abordar las mejoras necesarias respecto al sistema actual?
El valor de esta ley integral es que establece un marco general para la lucha contra todas las manifestaciones de la discriminación, avanzando sustancialmente en la prevención de la discriminación y en la protección a las personas que sufren discriminación para todos los motivos y en todos los ámbitos así como la creación de la Fiscalía especializada como existen ya para otros ámbitos.
El texto aborda un reconocimiento legal de la obligación de establecer medidas de acción positiva; la creación de un organismo para la defensa de la igualdad de trato; la previsión de infracciones y de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas. Otros aspectos esenciales son la regulación de la inversión de la carga de la prueba; el reconocimiento de legitimación de organizaciones en procesos judiciales y procedimientos administrativos o el resarcimiento a las víctimas mediante indemnizaciones.
Además se trata de una norma que incluye algunos aspectos exigidos por la Unión Europea sobre todo, en relación con la previsión de un organismo de asistencia a víctimas, que nos debe situar de nuevo en la vanguardia de las políticas de lucha contra la discriminación, además de un aspecto para nosotros esencial como es la incorporación a nuestro ordenamiento de la Autoridad contra la discriminación, tal y como está definida en el derecho de la Unión Europea: con competencia en todos los campos y por todos los motivos de discriminación y que debe ser autónoma y eficaz.
Miquel Á. Fernández García
Coordinador del Área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE