1. ¿Qué debilidades o lagunas percibe en el marco actual de lucha contra la discriminación en España?
Desde Podemos consideramos que esta lucha adolece de una perspectiva verdaderamente transversal, que se encuadre en el marco de la defensa y garantía de los derechos humanos y que, especialmente, introduzca una perspectiva de género, una mirada feminista a la hora de abordar las problemáticas y buscarles soluciones. Sabemos, por los colectivos y por estudios científicos, que sin introducir los derechos humanos con claridad, y velando porque se garanticen, y sin prestar especial atención a la discriminación que sufren las mujeres por el hecho de serlo, los marcos legales vigentes se quedan a medio camino en su objeto de protección. La trasposición española de la Directiva europea 2000/43/CE en materia de no discriminación se realizó en una Ley, la 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que atañe a más asuntos que la discriminación y que, a nuestro juicio, ni tiene en cuenta de forma específica el género ni es muy clara a la hora de abordar de forma integral ese marco internacional de derechos humanos. Como sucede con otras regulaciones en materia de igualdad (la propia Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres), la indefinición de la norma, la imprevisión de estructuras que garanticen los derechos que enuncia de una forma eficaz, así como la falta de recursos, suponen un cierto desamparo de la población a la que debería proteger.
2. ¿Cuál es la posición de su partido respecto a una posible aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación?
En principio, no estaríamos en contra de una legislación específica, pero habría que conocerla en sus términos. Sí podemos decir que estamos a favor de la creación de un marco legal contra la discriminación de las personas gitanas, que incluya la perspectiva de género y de derechos humanos, que tenga en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil respetando su pluralidad, diversidad y garantizando su representatividad. Una ley bien dotada, pues la igualdad sin recursos es una quimera, que tenga herramientas de análisis, diagnóstico, prevención y evaluación eficaces. La inversión y la conexión con la sociedad civil, así como con las personas expertas en el ámbito, nos parece fundamental ante cualquier marco legal que se plantee para luchar contra la discriminación que sufren las personas gitanas en España.
3. ¿Cuál sería el valor añadido de esa Ley Integral y las medidas imprescindibles para abordar las mejoras necesarias respecto al sistema actual?
Para empezar, el hecho específico de una ley que aborde la discriminación por razón étnica o racial da ya importancia y significado a la lucha que se emprende. Distingue la necesidad social de velar por los derechos de las personas que padezcan este tipo de discriminación. Desde una visión global de garantía de los derechos humanos y, específicamente, los de mujeres y niñas, hablaríamos de una legislación pionera que, como he indicado, debería estar muy conectada a los movimientos de la sociedad civil, a la representación equilibrada y plena de todas las sensibilidades dentro de la comunidad gitana en España. También debería garantizar mecanismos de análisis de la realidad social que permitiesen una evaluación efectiva de la situación, con la que guiar las políticas y poder implantar e implementar la ley.
Sofía Fernández Castañón
Diputada por Asturias en el Congreso de Unidos Podemos.
Portavoz de la Comisión de Igualdad de Unidos Podemos Secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos