A la hora de plantear la necesidad de una Ley Integral de Igualdad, lo primero que desde la Fundación Secretariado Gitano nos parece relevante es tener en cuenta cuál es el contexto actual en el que nos encontramos respecto al ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la Igualdad por parte de las personas, especialmente las que pertenecen a grupos de población que, por diversos motivos (raza, etnia, discapacidad, género, identidad sexual, pobreza, orientación sexual, religión, etc.), son víctimas de la lacra del rechazo social.
A este respecto y por lo que se refiere a las personas gitanas, somos víctimas de un rechazo histórico y específico al que llamamos “antigitanismo”, que no hemos logrado vencer, que perdura y tiene diversas formas de manifestación: discriminación, delitos de odio y discurso de odio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de conductas lesionan un bien jurídico que merece la mayor protección, la dignidad de la persona. Junto a ello, la discriminación se vuelve más perversa cuando hablamos de las mujeres gitanas, dado que interactúan el género y la etnia, lo cual, las hace mucho más vulnerables.
Tenemos que abordar de frente la lucha contra la discriminación, hay herramientas claves como la educación y la sensibilización, ahora bien, deben venir acompañadas de un adecuado marco legal de protección. No debemos mirar para otro lado cuando hablamos de la defensa de derechos fundamentales, ni pensar que sólo con medidas sensibilizadoras vamos a dar un giro a los comportamientos racistas en nuestra sociedad. Por ello, es vital contar con un buen marco legal que ofrezca las garantías que son necesarias para que no sólo se reconozca la igualdad “de iure” sino que se posibilite una igualdad real.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los mecanismos jurídicos de protección con los que contamos. Ante conductas constitutivas de un delito, como son las lesiones con motivación racista y el discurso de odio antigitano, disponemos de un cuerpo legislativo penal recientemente reformado y que es vital aplicar por parte de los actores jurídicos implicados, como las fiscalías de delitos de odio y discriminación. En estos momentos hay escasas resoluciones judiciales en este ámbito y el resarcimiento de las víctimas es prácticamente nulo. Por otro lado, lo que nos preocupa enormemente es esa discriminación cotidiana, cuya muestra se visibiliza en los informes de discriminación que publicamos anualmente. Una discriminación que impide en unos casos el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, y en otros, el ejercicio de derechos económicos y sociales como el empleo y la vivienda. Estas manifestaciones a veces son directas, otras veces sutiles, pero su resultado tiene una consecuencia vital para las víctimas, la exclusión de la sociedad.
Nuestro Estado de derecho debe dar una respuesta jurídica como lo ha hecho en el ámbito de la igualdad de género, porque la discriminación daña gravemente a toda nuestra sociedad, nuestra salud democrática requiere de una protección y una acción firme y preventiva frente a esta enfermedad. En 2011 la Fundación Secretariado Gitano participó en el Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que finalmente no se aprobó. Actualmente creemos que es el momento de impulsar una Ley Integral de Igualdad actualizada, por los siguientes motivos:
- Tenemos que contar con un marco jurídico común que proporcione un paraguas de protección para todos los grupos, victimas de este rechazo, sin dejar a ningún grupo fuera. Una norma que recoja un conjunto de medidas que garanticen el derecho a la Igualdad en todo nuestro Estado.
- Necesitamos un marco jurídico que resuelva la debilidad actual de nuestro ordenamiento, dado que los actos que no son constitutivos de un delito discriminatorio o un delito de odio, y causan una lesión a la igualdad y la dignidad de la persona, no gozan de un marco legal de referencia, que creemos necesario y que complementaría al derecho penal.
- Un texto legislativo actual, que transponga adecuadamente el derecho europeo antidiscriminatorio y establezca medidas sensibilizadoras, preventivas y sancionadoras, además de incluir un organismo realmente independiente para la defensa de la Igualdad. El derecho administrativo sancionador en el ámbito de la discriminación es sustancial para combatir los actos discriminatorios que no constituyan un delito pero que sí constituyen una infracción, es otra forma de educar a la ciudadanía en las acciones que no están permitidas y lesionan derechos.
- Una legislación actual que contemple ámbitos ausentes como la realidad existente en las redes sociales e internet, que sirva para combatir la segregación escolar en los centros educativos, etc., e incorpore las recomendaciones que los diversos organismos europeos han realizado a nuestro país en el campo de la lucha contra la discriminación.
En definitiva, somos conscientes de que tenemos una cuestión pendiente en nuestro país, la lucha eficaz contra el trato discriminatorio, aunque somos un Estado lo suficientemente maduro para ser pioneros en impulsar un buen cambio social, que puede promoverse desde distintos ámbitos, el sensibilizador, el educativo y el jurídico. Para ello, es necesaria una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, que debe venir acompañada de los medios y recursos suficientes para que no se quede en papel mojado. En estos momentos, lo primero por lo que abogamos desde la Fundación Secretariado Gitano es en la necesidad de una voluntad política firme de todos los partidos para que esta propuesta legislativa sea una realidad, salga adelante en un proceso participativo y que busque el consenso de todas las partes implicadas, que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa con el derecho fundamental a la Igualdad.
Sara Giménez
Abogada Directora del Dpto. de Igualdad y Lucha contra la Discriminación. FSG