Introducción
El verano de 2022 ocurrieron dos lamentables episodios de antigitanismo extremo, uno en Peal de Becerro (Jaén), el16 de julio, y otro en Íllora (Granada), el 15 de agosto. En ambos casos, vecinos y vecinas de esas localidades se manifestaron públicamente, llegando en casos extremos a realizar daños en viviendas o vehículos, exigiendo la expulsión o el destierro de todas las familias gitanas por considerarlas culpables de delitos cometidos supuestamente por una persona gitana. Se trataba, en definitiva, de culpar a toda la comunidad gitana por hechos cometidos por personas individualmente. Una reacción que sería impensable si ocurre con la población mayoritaria, es algo que lamentablemente ha llegado a “normalizarse” cuando quienes se ven en esta situación son personas gitanas.
Y es que los de Peal de Becerro y de Íllora no son dos casos aislados. El castigo y hostigamiento colectivo hacia las personas gitanas ha existido desde siempre. En nuestro país, lo podemos datar desde el 1499 cuando comienzan a dictarse una serie de leyes o Pragmáticas que perseguían la desaparición de las personas gitanas, así como de su cultura.
A partir de entonces se promulgaron más de 200 leyes antigitanas, algunas tan recientes como la que prohibía el uso del habla gitana, el caló, considerado “jerga delincuente” en la Dictadura franquista.
El principal objetivo de este hostigamiento hacia las personas gitanas, tanto en el pasado como en la actualidad, sigue siendo “limpiar de personas gitanas” los barrios o pueblos donde están conviviendo y culpabilizarlas de todo lo ocurrido, destacando para ello la pertenencia étnica y su cultura como factores desencadenantes de los comportamientos o hechos ocurridos.
En la actualidad, desde 1984 en Torredonjimeno (Jaén) hasta 2019 El Pozo (Madrid), han sido numerosos episodios de persecución antigitana que se vienen repitiendo de manera recurrente en España, exigiendo la expulsión de las familias gitanas vecinas de los pueblos.
Lo sucedido en Peal de Becerro e Íllora en 2022 demuestra hasta qué punto estas formas históricas de persecución y hostigamiento antigitanos, de intento de castigar colectivamente a la comunidad gitana, siguen presentes en nuestra sociedad y por lo tanto, la necesidad de reflexionar sobre cuáles son las medidas que las autoridades, a todo los niveles, deberían tomar, así como de los cambios sociales que deberían generarse a fin de prevenir y evitar este tipo de sucesos.
Sin duda, una de los principales cambios y/o aprendizajes que deberían generarse en nuestra sociedad, es la empatía social hacia las víctimas gitanas por estos sucesos. ¿Por qué la mayoría social ha asumido y ha normalizado estos ataques hacia las personas gitanas?, ¿por qué la mayoría social mira hacia otro lado? El silencio y la inacción por parte de la sociedad, así como por los responsables políticos, refuerzan la posibilidad de que vuelvan a repetir estos ataques hacia las personas gitanas.
2. Casos de hostigamiento colectivo antigitano sucedidos en 2022 en las localidades de Peal de Becerro e Íllora
Lo acaecido en Peal de Becerro e Íllora en 2022 demuestra hasta qué punto este tipo de reacciones sociales profundamente antigitanas, que cualquiera pensaría que están superadas, siguen sucediendo lamentablemente. En dichas localidades tuvieron lugar dos homicidios, uno en Peal de Becerro (Jaén) el 16 de julio de 2022 y otro en Íllora (Granada) el 15 de agosto de 2022. A pocas horas de lo sucedido y tras la intervención policial, se pusieron inmediatamente a disposición judicial a los supuestos implicados, ambos gitanos. A pesar de ello, en ambos casos, se convocaron reiteradas y multitudinarias manifestaciones (algunas de ellas no autorizadas) para exigir el destierro de las familias gitanas de ambos pueblos. En el contexto de las manifestaciones convocadas, algunos vecinos atacaron las casas de los familiares de los presuntos implicados y también de otras familias gitanas lanzando piedras, volcando vehículos y quemando sus bienes al grito de “hay que echarlos”, “asesinos”, “gitanos muerte” o “gitanos fuera”. También se hicieron pintadas con las mismas expresiones en algunas casas. Como consecuencia de todo ello y del sentimiento de desprotección por parte de las personas afectadas hacia las autoridades competentes, las familias gitanas de ambos pueblos, huyeron aterradas por temor a represalias, a perder la vida de ellos y la de sus familiares.
Concretamente en Íllora, además, el alcalde emitió declaraciones condenando la muerte violenta del joven y solidarizándose con su familia; sin embargo, no condenó los graves ataques contra de las familias gitanas, no ha ofrecido apoyo para la reparación de los destrozos de sus viviendas, ni protección para las víctimas de estos ataques. Igualmente, realizó unas declaraciones en donde explícitamente anunció que desde su Alcaldía se haría todo lo posible por “desterrar” a estas personas (refiriéndose a las personas gitanas presuntamente implicadas).
Recomendaciones para una mejora de la respuesta institucional y social en casos de hostigamiento colectivo antigitano
La Fundación Secretariado Gitano desde hace más de 40 años viene incidiendo en la importancia de prevenir la discriminación racial o étnica, así como las situaciones más graves de antigitanismo con medidas y protocolos específicos basándose en su experiencia, pero también en el análisis y el modus operandi de estos ataques. La atención y el acompañamiento a las familias, víctimas de estas situaciones debe ser integral y para ello debe haber una implicación y gestión por parte de las administraciones e instituciones públicas desde el inicio.
Estos sucesos no han ocurrido sin más. Si se analizaran las motivaciones que probablemente incidieron en el desarrollo de estas estas manifestaciones tanto históricas como actuales en contra de las personas gitanas se podrían identificar las siguientes:
- Deshumanización de las personas gitanas: indignos, herejes, seres inferiores, etc.
- La presunción de “culpables” frente a la presunción de inocencia.
- Estereotipos y prejuicios sociales persistentes e inamovibles asociados a características y adjetivos negativos que tienen un impacto directo no sólo en el rechazo a la comunidad gitana en cualquiera de los ámbitos y cualquiera de los espacios sociales, sino también en la manera de relacionarse con las personas gitanas.
- La existencia del antigitanismo estructural, social “normalizado y permitido” que provoca inmovilización social y asunción de estos ataques como propios de las personas gitanas.
- La persistencia de discursos con ideas generalizadoras que niegan la diversidad social y cultural dentro de la población gitana. Ello conlleva el no reconocimiento de cualquier trasformación social y cultural.
- El desconocimiento de la situación social y económica de la comunidad gitana en la actualidad, así como de su historia sobre todo en los espacios y centros educativos.
El marco normativo actual en materia de igualdad de trato y no discriminación es suficiente para garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos y en especial, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas gitanas ante cualquier atentado y vulneración de los mismos. Sin embargo, todavía vemos que hay en muchas ocasiones carencias en la correcta aplicación de la normativa, sobre todo en situaciones de antigitanismo tan normalizadas como los incidentes de hostigamiento colectivo antigitano. Porque, ¿qué hubiese ocurrido si las personas implicadas en esos hechos lamentables no hubieren sido gitanas? ¿qué hubiese pasado si el alcalde de Íllora se hubiese posicionado también a favor de las familias gitanas afectadas?
Las principales consecuencias para las personas gitanas por encontrarse en situación de desigualdad y de exclusión son la indiferencia (“las vidas gitanas no importan”), el no reconocimiento o desmerecimiento de su derecho a la reparación e indemnización de las víctimas de estos ataques antigitanos y la inmovilización social ante la defensa de los derechos fundamentales de las personas gitanas, derecho a su imagen, a la integridad física, al derecho a la igualdad de trato y el derecho a no ser discriminados entre otros.
En España, la defensa y protección de la causa gitana sigue siendo una cuestión residual y no prioritaria pero no sólo para gran parte de las instituciones sino también para la sociedad en general. La existencia de situaciones graves de segregación y de fracaso escolar, la tasa de desempleo, la existencia de chabolismo y de infravivienda, la situación de desventaja social que afecta en mayor medida a niñas y jóvenes gitanas también a personas mayores enfermas y con discapacidad hacen más difícil que las familias afectadas puedan recomponerse de unos ataques antigitanos como los que han sufrido. Igualmente, estas situaciones hacen más difícil y compleja que la mayoría social se posicione en su defensa.
Por esta razón, consideramos de vital importancia la adopción de medidas y/o recomendaciones con objeto de prevenir activamente prácticas antigitanas que supongan fomentar el acoso y la expulsión de las personas gitanas de las localidades donde residen:
A las Subdelegaciones de gobierno y Guardia Civil:
- La importancia de extremar la vigilancia en aquellas concentraciones o reuniones no autorizadas ni comunicadas a las autoridades competentes. En ambos casos, se han producido concentraciones, manifestaciones o reuniones de más de 350 personas, algunas de ellas, no autorizadas en lugares públicos o emblemáticos de los pueblos en donde se han vertido comentarios y declaraciones antigitianas que han dado lugar a altercados hacia las personas gitanas o incluso hechos violentos hacia las personas y/o hacia sus bienes. Igualmente, si se prevé una situación grave de riesgo colectivo que puede dar lugar a alteraciones del orden público se debe intervenir inmediatamente con la disolución o prohibición de la misma. Así como estimar el aumento o refuerzo de efectivos de forma inmediata.
- La identificación policial inmediata de la persona o personas responsables de las infracciones y los delitos cometidos con ocasión de esas manifestaciones y en su caso, la incoación de procedimientos contra las personas impulsoras, organizadoras o promotoras.
- Priorizar la protección física y la seguridad de las familias gitanas del pueblo y sus bienes en vez de tratar de persuadir a las familias gitanas a que huyan del pueblo con objeto de “evitar males mayores”.
- Programas formativos dirigidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad (sobre todo del ámbito local) específicas sobre antigitanismo, con especial mención a la normativa aplicable. La atención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad se debe desarrollar libre de estereotipos y prejuicios, objetiva e imparcial. Igualmente, y en el caso que haya personas gitanas agredidas o violentadas, valorar la existencia de la agravante establecida en el código penal por antigitanismo y hacerlo constar así en los atestados y documentos policiales correspondientes.
A las Autoridades locales en cuanto a la seguridad de las personas y el orden público.
A los responsables públicos: responsabilidad a la hora de difundir comunicaciones o declaraciones en los medios de comunicación y redes sociales sobre los hechos. Los responsables locales y otras autoridades competentes deben abstenerse de realizar de manera pública juicios o comentarios a favor de unos vecinos y en contra de otros. La consecuencia directa más importante es la propagación del miedo y sentimiento de inseguridad y desprotección de las familias gitanas hacia las instituciones más cercanas.
A los Servicio sociales comunitarios: Atención integral a las familias gitanas afectadas. Los servicios sociales comunitarios en el ejercicio de sus funciones y competencias públicas, deben prestar y garantizar la atención y ofrecer los recursos y servicios públicos disponibles en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Acompañar a las familias prestando especial atención, si hay menores o personas ancianas enfermas. Asegurarse que las necesidades básicas y medicamentos, en caso de personas enfermas, estén cubiertos. En caso de que la autoridad pública no tenga estos recursos, recabar apoyo de otras administraciones o autoridades colindantes a los pueblos afectados.
- Actuación inmediata en la eliminación de pintadas que propaguen el discurso de odio como las pintadas que se hicieron en las casas de los presuntos implicados en la calle Sol (Peal de Becerro) “asesinos”, “fuera”.
- Establecer un protocolo de actuación y emergencia local - comunitario con el objetivo de identificar lo más rápidamente posible a las víctimas y ofrecerles información precisa, así como a sus familiares y personas allegadas. Igualmente, establecer una coordinación y comunicación efectiva con las entidades sociales especializadas y las administraciones públicas competentes en el territorio.
- El establecimiento de programas locales que permitan reconstruir o mejorar la convivencia vecinal entre personas gitanas y no gitanas de las localidades afectadas
Como sociedad avanzada, democrática y defensora de los derechos humanos, no se puede olvidar que la responsabilidad ciudadana frente al odio es de todas y de todos y que los derechos de las personas gitanas también son derechos humanos. Tampoco podemos permitir que una minoría promueva el hostigamiento y actos violentos hacia las personas gitanas y no reaccionar en contra de la violencia. Contra la violencia ejercida hacia las personas gitanas no podemos mirar hacia otro lado.
María del Carmen Cortés Amador
Fundación Secretariado Gitano