A lo largo de este artículo vamos a abordar uno de los temas más relevantes para la población gitana, el rechazo social y la discriminación, y el recorrido de trabajo de la Fundación Secretariado Gitano en esta materia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el año 2000 fuimos conscientes de que era vital abordar la discriminación y la hostilidad social que sufrían los gitanos/as como una barrera esencial para poder acceder a una vida digna. Teníamos claro que para avanzar en la igualdad de oportunidades era necesario abordar la lucha contra la discriminación. Una discriminación cotidiana que persiste porque está enraizada en una gran parte de la sociedad y que se traduce en la imposibilidad de muchas familias gitanas para alquilar una vivienda, en problemas para acceder a un empleo, en la negativa a jóvenes gitanos y gitanas para acceder a espacios de ocio, en la vigilancia excesiva a las mujeres gitanas que van a un centro comercial o supermercado por parte de los vigilantes de seguridad, en niños y niñas que son segregados en algunos centros educativos o en determinadas clases, etc.
Es necesario destacar que estas situaciones de discriminación, además de vulnerar el derecho fundamental a la Igualdad, impiden el acceso a la vida digna y son una agresión a la dignidad de las personas que sufren estos comportamientos. De los testimonios que hemos conocido a lo largo de los 20 años de trabajo en la asistencia a las víctimas de discriminación, podemos decir que sentir esta hostilidad es lo que más duele a las personas gitanas.
El pueblo gitano es la minoría étnica más rechazada en nuestro país y en el resto de Europa. Los diversos estudios de investigaciones sociológicas y los Eurobarómetros de discriminación nos han confirmado esta realidad. Dentro de los grupos vulnerables víctimas de la discriminación el pueblo gitano ha estado a la cabeza, es la minoría más rechazada, principalmente por una imagen social negativa ligada a esta comunidad y arraigada históricamente en la sociedad mayoritaria. Por ello, desde nuestra entidad iniciamos un análisis en el año 2000 para abordar esta materia coincidiendo con la publicación de la Directiva 2000/43/ CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Teníamos claro que debíamos amparar nuestro trabajo en la legislación vigente española en materia de Igualdad y trabajar con el marco jurídico conceptual de esta Directiva poniendo el foco en la atención a las personas gitanas victimas de discriminación que acudían a nuestras oficinas.
Este trabajo coincidió con un hito importante en las políticas de los fondos estructurales europeos: el Fondo Social Europeo inició un periodo de programación en el año 2000 (2000-2007), incluyendo un Programa Operativo de Lucha contra la discriminación, del que fue beneficiario la FSG, y que supuso un importante apoyo financiero para el crecimiento de nuestra casa. Como vemos por el título de ese programa operativo, la discriminación ya comenzaba a entrar en la agenda europea, y la difícil situación del pueblo gitano, incluyendo su discriminación estructural, iba también a estar en el tablero europeo a partir de ese momento.
En el año 2002 creamos el Área de Igualdad e iniciamos un importante trabajo para empezar a implementar un modelo de intervención en la organización como el que establecía para los organismos de igualdad la citada Directiva (artículo 13), registrando los casos según los tipos de discriminación que la misma norma establecía, diseñando un protocolo para la atención a las víctimas y publicando informes sobre esta materia a partir del año 2004. Junto a ello, abanderamos
junto a otras organizaciones sociales la incidencia política para que se traspusiera la Directiva 2000/43/CE en el ordenamiento jurídico español en el plazo establecido (3 años desde el momento de su publicación). Recordamos que era una materia que políticamente no le importaba a la mayor parte de los partidos políticos, era una temática nueva y desde las entidades sociales tuvimos que trabajar duramente para que cumplieran con la exigencia de la trasposición. El plazo que tenía nuestro gobierno para ello era el 30 de diciembre de 2003 e hicieron una trasposición de mínimos en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, aprobada en esa fecha límite. Esta forma de hacer nos dejaba claro que era una materia que no era prioritaria. Por ello, nuestra incidencia política continuó con mayor ímpetu tanto a nivel estatal como ante los organismos europeos competentes (ECRI, Comité DESC, Equinet, etc.). Era vital que todo comportamiento discriminatorio que no se considerase un delito no quedara en un “limbo legislativo”, que discriminar en nuestro también país tuviera una respuesta jurídica administrativa. Ha sido un proceso demasiado largo dado que ha sido en el año 2022 cuando hemos contando en nuestro país con una trasposición adecuada de esta Directiva en la Ley 5/2022 de 12 de julio integral para la igualdad de trato y no discriminación. La buena noticia a este respecto es que participamos activamente en el proceso de incidencia parlamentaria a través de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato y además contribuimos a que esta normativa incluyera otro cambio sustancial que se aprobó en el Congreso de los Diputados, la inclusión del antigitanismo en el artículo 22.4 del código penal y en el artículo 510. Puedo compartir orgullosa el haber participado activamente en mi etapa parlamentaria junto a otros dos diputados gitanos para que este cambio sea hoy una realidad.
Volviendo al recorrido de nuestra organización, otro de los aspectos fundamentales en los que iniciamos nuestra labor en 2002, que progresivamente se fue consolidando, fue trabajar con los agentes profesionales claves, participando en acciones formativas con jueces, fiscales y cuerpos y fuerzas de seguridad en el marco jurídico del derecho antidiscriminatorio y la situación de la población gitana. Por otro lado, iniciamos una labor en nuestras oficinas para informar y empoderar a las personas gitanas en el ejercicio y la defensa de sus derechos, dado que la infradenuncia era y continúa siendo uno de los principales problemas en el campo de la lucha contra la discriminación, tal y como muestra la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en sus diversos estudios1.
En el año 2005 empezamos a publicar nuestros informes anuales Discriminación y Comunidad Gitana en los que documentamos todos los casos de discriminación y antigitanismo atendidos por nuestros equipos en toda España en el año 2004. El objetivo de nuestra publicación era visibilizar la realidad cotidiana de la discriminación que padecen las personas gitanas, sensibilizar sobre lo que supone el rechazo social en el ejercicio de derechos que son esenciales para acceder a una vida digna y analizar a fondo materias y buenas prácticas en el campo de la lucha contra la discriminación.
A lo largo de los años, hemos ido mejorando nuestro Protocolo de actuación ante casos de discriminación, capacitando a nuestros equipos y mejorando las herramientas de registro, para ofrecer una asistencia efectiva a las víctimas de discriminación. Poco a poco nos fuimos especializando en un ámbito que nuestra organización entendía cada vez más como algo esencial para alcanzar la Igualdad real de los gitanos y las gitanas. Nuestros equipos territoriales que atendían a las personas gitanas trasladaban a los responsables del área de Igualdad la necesidad de ir avanzando en esta materia.
Otro de nuestros momentos esenciales fue la toma de decisión y puesta en marcha de la litigación estratégica, destacando la defensa de Mª Luisa Muñoz “La Nena” en el reconocimiento de su pensión de viudedad ante el Tribunal de Derechos de Humanos en Estrasburgo, pleito de largo recorrido iniciado en 2002 y que culminó con la Sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 8 de diciembre de 2009, en la que se le reconoció su derecho a la pensión de viudedad. La litigación estratégica ha sido y es un pilar de nuestra acción; se trata seleccionar casos de discriminación que cumplen una serie de criterios (ámbito de la discriminación, perfil de la víctima, contexto social, etc.) y conseguir la res
puesta de los tribunales ante hechos discriminatorios en diferentes órdenes jurisdiccionales (penal, laboral, contencioso administrativo, etc.). Este tipo de litigios, cuando es exitoso, supone un avance sustancial en la defensa jurídica de la no discriminación en nuestro país, creando jurisprudencia y sirviendo de ejemplo sobre la utilidad de la defensa a las víctimas. En la actualidad tenemos 34 casos abiertos en los tribunales, y hemos logrado algunas sentencias positivas en los últimos años.
Al inicio nos dábamos cuenta de que los distintos actores jurídicos no tenían cercanía con esta materia, por ello, era vital la formación y sensibilización, y comenzamos a trabajar desarrollando acciones formativas. A este respecto, tenemos que continuar trabajando en la actualidad en este ámbito, los responsables en la formación del sector jurídico deberían incluir de forma estructural la formación en derecho antidiscriminatorio y el conocimiento de los grupos de población a quienes afecta el trato desigual, y en concreto conocer la realidad del antigitanismo y cómo atender a quienes lo sufren.
Finalmente, desde el punto de vista de las víctimas de la discriminación, la decisión de litigar es complicada: se mezcla el miedo a las represalias, la desconfianza en la respuesta del sistema de defensa, la vergüenza al relatar la situación discriminatoria durante el procedimiento, la revictimización, la larga duración de los procesos, etc. Por ello, cuando las víctimas dan el paso es muy importante el acompañamiento en todas las fases del proceso, y la respuesta de los Tribunales. Cuando sienten que el sistema jurídico les protege, les da una respuesta, se logra que tengan más confianza en el sistema ante la vulneración de sus derechos.
A lo largo de nuestro trabajo hemos estado muy involucrados en la correcta aplicación de la mencionada Directiva, trabajando muy activamente en la creación por parte del Ministerio de Igualdad del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que somos integrantes desde su creación en el año 2009. Es el momento de recordar nuestra contribución y la del resto de miembros del grupo de asistencia a víctimas de este Consejo para diseñar un Protocolo de Actuación para asistir a las víctimas de discriminación. Nos parece relevante señalar cómo diversas organizaciones sociales que atendíamos a potenciales víctimas de discriminación, principalmente personas migrantes y gitanas, iniciamos un recorrido de trabajo conjunto ligado a este Consejo: las ONG propusimos en 2010 la creación de la llamada “Red de Antenas”, una red de entidades sociales que pertenecíamos al Consejo para prestar apoyo a las víctimas de discriminación. Su nombre era descriptivo, teníamos la función de detectar las posibles situaciones discriminatorias que vivían personas que acudían a nuestros servicios. Finalmente, tras esta experiencia piloto, el Ministerio de Igualdad y el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dotaron de mayores recursos a la asistencia a víctimas de discriminación y se creó el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (órgano adscrito al Ministerio de Igualdad), prestado desde el año 2013 por un total de 7 ONG2, del que la FSG no solo es integrante, sino también entidad coordinadora.
Es fácil ver cómo iniciamos el trabajo de nuestra organización en esta materia y la forma que hemos tenido de impulsarlo. La FSG tenía un pilar claro de acción en el campo de la Igualdad de Oportunidades de las personas gitanas; ahora bien, la defensa del derecho a la no discriminación era una materia transversal y nuestros equipos veían claro que había que abordarla con mayor impacto. Por ello, en 2015 se creó el departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación, una apuesta de la dirección y de nuestros equipos de trabajo para impulsar estructuralmente esta materia. Este departamento abordaba todas las líneas de trabajo de la Igualdad de Trato; el citado Servicio de Asistencia a Víctimas, las herramientas de registro y recogida de casos, la publicación del Informe anual de discriminación y comunidad gitana3 (cuyo 20 aniversario celebramos en este Informe 2024), el asesoramiento y formación a los equipos, la formación y coordinación con los agentes profesionales claves (fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, juristas, medios de comunicación, etc.), la litigación estratégica de casos ante los tribu
nales, la participación en redes y foros estatales y europeos (Comisión Europea, FRA, Equinet, ECRI, OSCE-ODIHR, Consejo de Europa, etc.) ser informantes fiables (trusted flagger) en los ciclos de monitoreo de la UE para notificar discursos de odio en redes sociales, etc. Todas estas acciones de la FSG han ido alineadas con las propias políticas de lucha contra el antigitanismo que se iban impulsando desde la Unión Europea (resoluciones, recomendaciones, decisiones, etc.4), que desde hace más de 10 años vienen poniendo el énfasis en la necesidad de que los Estados miembros mejoren sus políticas y sus estrategias en la lucha contra el antigitanismo. Nuestras acciones no solo han ido alineadas, sino que en ocasiones nuestra labor de incidencia política en Europa ha ayudado a impulsar estas mismas políticas, incluyendo el fomento del uso de los fondos estructurales para mejorar la vida de las personas gitanas.
En 2016 se produce otro hecho relevante: el Fondo Social Europeo, con su mirada integral y específica para abordar la situación de desigualdad del pueblo gitano, aprueba el Programa Calí, por la Igualdad de las Mujeres Gitanas. Este programa nos permitió incorporar en muchas localidades el perfil profesional de las Técnicas de Igualdad, especializadas en igualdad de género e igualdad de trato. El programa se desarrolló con un gran éxito hasta 2023 gracias al trabajo de 32 Técnicas de Igualdad, mujeres y en su gran mayoría profesionales gitanas que han impulsado el trabajo en cada CCAA con las mujeres gitanas más vulnerables y con los actores claves relevantes en materia de habilidades socio-personales, igualdad de género y lucha contra la discriminación. La incorporación de este perfil profesional en los equipos fue uno de los momentos de mayor impulso territorial para complementar el trabajo de lucha contra la discriminación, con una mirada interseccional. Un Programa que continúa con su intervención por la igualdad de las mujeres gitanas en el período del FSE+ 2023-2029 y que se complementará con un nuevo Programa -IgualTrato- que el FSE+ nos ha concedido para contar con 11 abogados/as mayoritariamente gitanos y gitanas que refuercen la defensa jurídica de las víctimas de discriminación antigitana y promuevan la sensibilización social. Es un momento ilusionante, porque nuestra organización, gracias a los diferentes programas, va a reforzar su experiencia jurídica y la atención de calidad a las víctimas de discriminación. Únicamente vemos un déficit en esta materia, relativo a la aplicación de la Directiva 2000/43/CE y a la reciente Ley 5/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, en lo que respecta a la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El gobierno lleva casi dos años de retraso en su constitución, lo que supone una inaplicación de la normativa y un déficit en la protección de las víctimas de discriminación. No queremos que esta Ley se quede en papel mojado, por lo que vamos a realizar la mayor incidencia posible para que se desarrolle.
Abordar la lucha contra la discriminación en una sociedad diversa es algo fundamental para la justicia, la igualdad y la democracia. Con ello construiremos sociedades cohesionadas, y aportaremos convivencia y respeto a la diferencia. Por ello, es necesario continuar abordando la hostilidad y la discriminación que algunas personas sufren simplemente por su condición; es una experiencia dolorosa, injusta e inadmisible en una democracia avanzada. Desde la Fundación Secretariado Gitano seguiremos defendiendo la no discriminación de las personas gitanas desde la asistencia a las víctimas, la defensa jurídica, la sensibilización social y trabajando en alianza.
Sara Giménez Giménez
Directora General de la Fundación Secretariado Gitano
Isidro Rodríguez Hernández
Director Adjunto de la Fundación Secretariado Gitano
1- https://fra.europa.eu/es/themes/roma
2 - Asociación Rumiñahui, ACCEM, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz - MPDL y Red Acoge.
3- Todos los Informes anuales se pueden consultar en: https://informesdiscriminacion.gitanos.org/ En estos 20 años hemos recogido más de 4.600 casos de discriminación
4 - Estos textos europeos se pueden consultar en: https://www.gitanos.org/centro_documentacion/ herramientas/cajas/antigitanismo.html.es