Discriminación y antigitanismo: el otro virus de esta pandemia
Cristina de la Serna y Selene de la Fuente
Fundación Secretariado Gitano
Introducción
La COVID-19 ha provocado una enorme crisis, cuyos efectos todavía seguirán sintiéndose durante años en el plano sanitario, económico y social, y que han afectado a todas las personas en mayor o menor medida. Ahora bien, esta crisis también ha venido a subrayar las distintas brechas existentes en la sociedad; quienes conforman los grupos menos favorecidos han sufrido de una manera mucho más pronunciada los efectos de esta crisis, y a la comunidad gitana, como vimos desde los inicios de la pandemia[1], le afectó de una manera muy dura.
Pero la pandemia no sólo ha incidido en las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica; también ha sacado a la luz actitudes racistas y antigitanas que, si bien ya estaban ancladas en nuestra sociedad, resurgieron con mucha fuerza a raíz de esta crisis sanitaria. En efecto, a lo largo del año 2020, y a partir del comienzo de la pandemia, vimos cómo surgieron o se acentuaron determinadas formas de discriminación y antigitanismo propias de este contexto. Todo ello se ha materializado con actitudes que generaron discurso de odio, denegación de acceso a bienes y servicios, mayor control policial desamparo por parte de la administración pública; en definitiva, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación.
A continuación explicamos en qué medida ha impactado la pandemia en los casos de discriminación y antigitanismo que hemos atendido, así como en las propias víctimas y en su predisposición a denunciar.
- Discurso de odio antigitano vinculado con la propagación del virus
Al poco de empezar la crisis sanitaria de la COVID-19, se incrementó, a niveles que nunca antes habíamos visto, la propagación de mensajes de odio extremo contra la comunidad gitana. Las personas gitanas se convirtieron, sin ninguna justificación, en chivo expiatorio al culparles de una manera totalmente injusta e infundada de la propagación de la enfermedad o de incumplir las medidas sanitarias decretadas por las autoridades. Muchas veces estas acusaciones injustas provenían de un mal tratamiento informativo de determinadas noticias por parte de los medios o incluso de personas que ostentan cargos o públicos. Y, a partir de ahí, se generaron muchos mensajes de odio antigitano muy duro, llamando incluso al exterminio de la población gitana.
Como explicamos en el Capítulo de Litigios Estratégicos, tuvimos que interponer varias denuncias a las Fiscalías especializadas de discurso de odio, e incluso personarnos como acusación popular en algunos de estos casos. Pero además, esta situación nos pareció tan paradigmática que decidimos aprovecharla para estudiar más a fondo (i) cómo se generan los discursos de odio; (ii) cómo se difunden; y (iii) qué impacto tienen estos mensajes en las personas a los que van dirigidos.
Recientemente publicamos el informe “Discurso de odio antigitano y crisis de la COVID-19[2]” con las conclusiones que sacamos de este estudio y que resumen también en este capítulo “A fondo” dos de sus autores, Javier Sáez y Demetrio Gómez. De todos los hallazgos de este ejercicio de análisis, desde luego el más importante es el relativo al impacto humano de los mensajes de odio. Gracias a las entrevistas que realizamos a personas gitanas, pudimos comprobar que el discurso de odio se distingue de otros mensajes odiosos precisamente por el daño profundo que hace a las personas a las que se dirige, pertenecientes, como es el caso de la comunidad gitana, a grupos históricamente discriminados y excluidos.
Miedo, señalamiento público, efecto chivo expiatorio, estrés, daño en la dignidad, trauma en la infancia, deshumanización, discriminación en el acceso a bienes y servicios, hipervigilancia de mujeres gitanas, aislamiento… Todos estos son los efectos muy concretos que hemos podido documentar en este estudio y que demuestran, desde luego, que cuando se trata de discurso de odio, las palabras no se las lleva el viento.
- Actuaciones policiales discriminatorias durante el Estado de Alarma.
Las medidas que se decretaron en España al comienzo de la pandemia, con la declaración del Estado de Alarma, fueron de las más duras y restrictivas que se impusieron en el continente europeo. El confinamiento casi total obligatorio, sin que además se establecieran normas claras sobre las consecuencias de su incumplimiento, dio lugar a una alta presencia policial en las calles sin una normativa que pudiera realmente orientar y guiar las actuaciones de los agentes. Esta es, sin duda, una mala combinación, que propició que se generaran muchos conflictos en las calles y que dio lugar a una mayor arbitrariedad policial, y al incremento de actuaciones discriminatorias y sesgadas en función del origen étnico.
El de los servicios policiales ens un ámbito en el que habitualmente documentamos pocos casos en nuestros informes debido a una mayor incidencia de la infradenuncia por miedo a represalias, falta de confianza en el sistema, etc. Sin embargo, el incremento de los casos registrados es muy llamativo: si en el año anterior a la pandemia registramos 9 casos, en 2020 atendimos 25 casos de antigitanismo ejercido por agentes de policía. Se trata, sin duda, de un incremento llamativo que ofrece indicios de la situación vivida en las calles durante los peores meses del confinamiento.
En ese periodo nos hemos encontrado con casos de personas gitanas multadas pese a salir a la calle de forma justificada (para comprar comida o medicinas para sus hijos e hijas), de un sobrecontrol, sin que nada lo justificara, en barrios donde mayoritariamente viven personas gitanas, o incluso de un uso desproporcionado de la fuerza policial.
Lo ocurrido en el contexto de la pandemia confirma la necesidad de que se regulen y controlen las potestades policiales y de que se tomen medidas para prevenir la discriminación en este ámbito (organismos de supervisión de la policía, formularios de identificación, etc.). Así, como venimos diciendo desde hace tiempo, no sólo se reducirá la discriminación, sino que mejorará la eficacia policial y la confianza de la comunidad gitana en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Discriminación institucional en el ámbito de acceso a derechos sociales básicos en una época de emergencia social.
La crisis sanitaria conllevó que el Gobierno estableciera una serie de medidas que dieran protección a las personas que se encontraran en una situación de vulnerabilidad, así como la obligación por parte de las Administraciones públicas de llevarlas a cabo.
Se estableció, entre otras medidas, la prohibición en el corte de suministros básicos tales como la luz, el agua y el gas, así como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad, la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses.
Muchas familias gitanas se encuentran en situación de pobreza energética y precariedad, por lo que eran parte del público objetivo que podría beneficiarse de esas medidas para afrontar los daños de la pandemia. A pesar de ello, múltiples familias se han visto confinadas, sin ningún tipo de ingresos y sin la opción de tener luz y agua en sus domicilios en momentos en los que la higiene era tan importante para combatir el virus, y pese a las prohibiciones de corte de suministros que estaban en vigor.
Documentamos casos en los que el componente discriminatorio era claro, pues estas situaciones se daban en el momento más crudo de la pandemia con el objetivo de hostigar a las familias y que abandonaran el lugar en el que vivían. Se trata de una vulneración de derechos clara cuyos efectos se agravaron por el contexto de la pandemia.
- Denegación de acceso a supermercados y farmacias.
Durante los meses del confinamiento más duro, una de las pocas salidas que se permitía era precisamente la salida a supermercados y farmacias, esto es, salir para poder comprar alimentos y medicamentos. Pues bien, como figura en el apartado de “acceso a bienes y servicios” del capítulo descriptivo de los casos de la versión online de este informe, en esos meses de confinamiento duro atendimos muchos casos de discriminación, precisamente en el acceso a supermercados y farmacias.
En efecto, el discurso de odio antigitano que, como comentábamos antes, se disparó en el inicio de la crisis de la COVID-19, caló hondo y generó incidentes de discriminación en la única esfera en la que la sociedad podía, por aquel momento, coexistir. Así, nos encontramos con casos de personas gitanas a las que se les denegaba la entrada a supermercados y farmacias, por un supuesto miedo, totalmente infundado y acientífico, de que tenían más probabilidades de contagiar el coronavirus que cualquier otro ser humano.
El antigitanismo es siempre dañino y debe combatirse en cualquier circunstancia, pero en un contexto como el que nos tocó vivir, desde luego el daño que produjo en sus víctimas es mayor aún que en cualquier otro: no sólo se les estaba discriminando, sino que se les estaba denegando el acceso a unos bienes esenciales cuando más lo necesitaban y cuando menos alternativas disponían para acceder a ellos y ejercer sus derechos.
- Mayores conflictos vecinales en épocas de confinamiento con un componente antigitano
Los conflictos vecinales por motivos antigitanos vienen siendo habituales en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. La obligación de permanecer confinados en nuestros hogares, sumada al estrés y tensión que esa situación provocaba, conllevó que durante la crisis de la COVID hubiera un incremento en casos de hostilidad hacia los vecinos de etnia gitana.
Se han podido registrar situaciones violentas y desagradables en las que se rompía la paz y tranquilidad de los hogares. Las manifestaciones del sentimiento antigitano se materializaban en algunas conductas que traspasaron la línea de simples contrariedades, llegando a alcanzar el estatus de ilícito penal.
Desde la Fundación Secretariado Gitano presentamos ante la fiscalía la denuncia de un caso, que a día de hoy se encuentra judicializado, de delito de coacciones en el que concurre el agravante por motivos racistas. El incidente en cuestión estaba protagonizado por una familia gitana con tres hijos, quienes desde el primer momento en el que se mudaron al nuevo domicilio, sufrieron un grave acoso por parte de las vecinas de abajo, culpabilizándoles de ruidos excesivos. Hubo llamadas diarias a la policía local, quienes en ningún momento corroboraron el supuesto barullo; el resto de vecinos de la comunidad tampoco no expresó ninguna contrariedad con la familia. Esta situación se agravó con pintadas en el portal, notas violentas y amenazantes en zonas comunes, divulgación de la situación vecinal por redes sociales, y golpes y escobazos en el techo. Los agentes de la Unidad de Atención a la Diversidad de la Policía Local estuvieron presentes en todo momento, trasladándonos la situación y trabajando en conjunto, ya que consideraron desde el primer momento que esta familia estaba sufriendo un trato discriminatorio que llegaba a ser un ilícito penal.
La vivienda en la que residía la familia era de titularidad pública por ser una vivienda de protección oficial. Tanto la concejalía de servicios sociales como la de vivienda del Ayuntamiento de la ciudad eran conocedoras del caso y en ningún momento prestaron la ayuda que la familia necesitaba, teniendo en cuenta que la gestión de la misma había sido realizada por la Administración pública.
Una situación de esta índole es muy desagradable para cualquier persona, pero hay que tener en cuenta que se produjo en un momento de crisis sanitaria, donde se agudizaron los efectos e impactos negativos para la familia. El domicilio adquirió una importancia mucho mayor, no solo porque el confinamiento obligó a permanecer en él, sino porque se convirtió en uno de los pocos lugares donde sentirse a salvo.
- Ámbito escolar: control desproporcionado del absentismo del alumnado gitano
La crisis sanitaria provocó desconfianza y miedo a la hora de acudir y permanecer en espacios cerrados, y además las autoridades educativas no fueron siempre claras en cuando a las medidas que iban a adoptar para evitar brotes y contagios. Por este motivo, muchos padres y madres, tanto gitanos, como no gitanos, decidieron no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio.
Sin embargo, las familias gitanas tuvieron que enfrentar una vigilancia mucho mayor en comparación a las familias de la sociedad mayoritaria, en lo que respecta a la asistencia de sus hijos a clase. Los centros educativos realizaban un mayor número de llamadas de control de asistencia a los padres de niños y niñas gitanos cuando la ausencia a clase era la misma en el caso de los alumnos no gitanos. También se dieron mayores cifras de charlas y comunicaciones con los progenitores gitanos en los que el tono utilizado por los docentes no era amigable, de hecho, en algunas ocasiones, era desafiante y hasta amenazante. Este comportamiento se debe a una serie de prejuicios, estereotipos y falta de expectativas por parte de los docentes y equipos directivos hacia el compromiso y éxito escolar del alumnado gitano.
Las autoridades competentes tienen un papel importantísimo en el respeto de las medidas, obligaciones y defensa de derechos. Durante la pandemia, adquirieron un modus operandi mucho más restrictivo, ya que en muchas ocasiones, las sanciones eran la primera respuesta, sin tener en cuenta la acuciante novedad. En momentos tan difíciles para toda la ciudadanía, donde muchas personas se encontraban en un punto de confusión, miedo e inseguridad, una forma más empática y eficaz de tratar la situación por parte de los responsables públicos hubiera sido la educación, basada en la explicación de las medidas que debían ser respetadas y las consecuencias que podrían darse de no hacerlo. De esta manera, muchas familias, tanto gitanas como no gitanas, hubieran entendido la repercusión de sus acciones y corregido las conductas.
- Venta ambulante – mayores restricciones a los mercadillos que a otros tipos de ventas; un claro ejemplo de discriminación indirecta.
La venta ambulante es una profesión llevada a cabo, en su gran mayoría, por personas gitanas. Para muchas familias es su fuente principal y única de ingresos.
Con la crisis sanitaria, al igual que muchos otros negocios, la venta ambulante también sufrió un grave menoscabo, pero de una forma desproporcionada en comparación con otro tipo de comercios. Durante la época de confinamiento, solamente estaba permitido la apertura de supermercados y otros establecimientos que aseguraran el abastecimiento de bienes de primera necesidad. En los mercadillos, una parte importante de la mercancía que se vende son bienes de primera necesidad, tales como ropa y alimentos, sin embargo, no tenían permiso para su apertura.
Una vez se fueron levantando las restricciones, los centros comerciales y grandes superficies comenzaron a abrir, sin más limitaciones que el aforo, pero esta autorización no fue trasladada a los mercadillos. Muchos de ellos se vieron afectados en cambios de localización a zonas más alejadas y menos frecuentadas, limitaciones en el número de puestos y reducción de días semanales de venta, entre otras medidas.
La justificación que daban las autoridades competentes para el establecimiento de estas medidas era la seguridad y la salud pública con el fin de tener un menor número de contagios. Estos argumentos no estaban fundados, ya que científicamente se demostró que el número de contagios al aire libre, tomando las medidas de seguridad, son prácticamente inexistentes; sin embargo, los mercadillos seguían cerrados o con limitaciones, mientras los centros comerciales volvían a la normalidad.
Esta práctica, aparentemente justificada, es una materialización de lo que se conoce como discriminación indirecta. Puede catalogarse como una medida totalmente neutra, ya que se busca la conservación de la salud pública, sin embargo sus efectos no son neutrales. Supone una diferencia en el trato que se da a la venta ambulante, en comparación al que se da al comercio en grandes superficies. El mayor impacto de esta medida, totalmente discriminatoria, afecta indirectamente a la comunidad gitana. Aunque no se prohíba explícitamente la venta por parte de personas gitanas, la mayoría de los vendedores ambulantes son de esta etnia, por lo que los principales sujetos discriminados, de manera indirecta, son las personas gitanas.
- Efecto desmovilizador en las víctimas en un momento de emergencia social.
La crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia de la COVID-19 no sólo ha condicionado la manera en la que se han ejercido la discriminación y el antigitanismo, sino que además tuvo una incidencia clara en las víctimas y en su predisposición a denunciar y ejercer sus derechos.
Como ya hemos mencionado, el confinamiento extremo y las prohibiciones de actividad que se decretaron con el estado de alarma provocaron que muchas personas gitanas pasaran grandes calamidades, incluso hambre. Cuando tienes que preocuparte por si podrás darle de comer a tus hijos al día siguiente -y jamás olvidaremos los relatos que nos trasladaron nuestros participantes en ese momento; historias de pobreza extrema que jamás pensamos que escucharíamos en pleno siglo XXI-, tus prioridades vitales, desde luego, se ven condicionadas. Y así lo pudimos comprobar con las víctimas de discriminación: muchas, pese a haber sufrido vulneraciones de derechos basadas en el antigitanismo, prefirieron centrarse en salir de la crisis tan grave que estaban viviendo, en lugar de ejercer sus derechos a no ser discriminadas.
También vivimos casos y circunstancias de discriminación institucional, en las que las personas o grupos de personas víctimas de estos incidentes decidieron finalmente no seguir adelante porque el propio agente discriminador era la misma institución de la que dependían ayudas sociales básicas (tales como alimentos) en una situación de emergencia social.
Todo esto nos ha llevado a una situación de retroceso en el ejercicio de derechos, cuando nuestra situación de partida, en cuanto a la infradenuncia, ya era mala. Mientras escribimos estas líneas la situación, en cuanto a la pandemia, ya ha mejorado mucho gracias a las vacunas. Esperamos que poco a poco las víctimas vayan recobrando confianza en el sistema, pero lo vivido desde luego vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que se aborde el problema de la infradenuncia.
Conclusiones
Todos y todas hemos vivido una época muy dura y traumática a muchos niveles a causa de la pandemia. Algunas personas hemos perdido a nuestros seres queridos sin poder despedirnos de ellos o velarlos. Otras nos hemos encontrado en paro o hemos visto empeorar nuestra situación económica. Todas hemos pasado mucho miedo e incertidumbre y además nos hemos visto obligadas a separarnos de nuestras amistades y familias. Cuando pase un tiempo podremos medir la magnitud del daño sanitario, social, económico y psicológico que ha generado esta crisis, pero es indudable que ha sido enorme para todas las personas que conformamos la sociedad.
Pero muchas personas gitanas no sólo han vivido todo esto (incluso en mayor medida en lo que respecta a la pobreza), sino que han padecido el señalamiento público de sus vecinos o hasta de sus representantes políticos, el discurso de odio contra su comunidad en redes sociales o por medio de bulos de WhatsApp, la discriminación y la vulneración de derechos, y en ocasiones un control policial (¡o incluso militar!) desproporcionado de sus barrios.
Nadie podía prepararnos para una pandemia de esta naturaleza; mucho de lo que hemos sufrido era inevitable. Pero la sociedad mayoritaria y las instituciones deberían haber estado en condiciones de evitar la discriminación y la estigmatización que han sufrido las personas gitanas; eso sí se podría haber evitado.
En lugar de eso, hemos comprobado que el antigitanismo sigue muy presente en nuestro país y que en épocas de crisis late con aún más fuerza. La post-pandemia debería servirnos para reflexionar, aprender de lo vivido y tomar medidas decididas para acabar con una lacra que se ceba con una parte de nuestra ciudadanía.
[1] Fundación Secretariado Gitano, Impacto de la Crisis del COVID-19 sobre la población gitana, disponible en: https://www.gitanos.org/upload/31/97/ENCUESTA_PARTICIPANTES_FSG.pdf
[2] Disponible en: https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/133448.html.es