El fantasma del castigo colectivo todavía recorre a Europa: las personas gitanas son los principales objetivos de los actos punitivos y públicos de violencia de las turbas, y la triste verdad es que a muy pocos europeos les importan los peligros a los que se enfrentan sus conciudadanos gitanos y gitanas. En marzo de 2019, el Centro Europeo de Derechos de las Personas Gitanas (ERRC, por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre la violencia de las turbas y el castigo colectivo, y advirtió sobre las amenazas a las que se enfrentan las comunidades gitanas en países donde el antigitanismo se ha generalizado como una “forma aceptable de racismo”. Desafortunadamente, esta advertencia resultó demasiado profética y fue seguida por feroces ataques de turbas contra las comunidades gitanas en Bulgaria, Italia y Francia en el período previo a las elecciones europeas.
En los años transcurridos desde entonces no ha habido descanso en el uso de las personas gitanas como chivo expiatorio, ya que la extrema derecha, a menudo en connivencia con partidos supuestamente de centro-derecha, ha seguido movilizándose contra el “reemplazo étnico”, el multiculturalismo y las llamadas ideologías de género. No se han escatimado esfuerzos para promover teorías de la conspiración, apuntar a minorías visibles y difundir mentiras y desinformación a través de los medios de comunicación tanto tradicionales como extremistas. Parte de las consecuencias de este movimiento es que las personas gitanas han seguido siendo objeto de culpabilización y de castigo colectivos por parte de cínicos políticos y de mafiosos neofascistas.
Con el brote del COVID-19, en mayo de 2020, Marija Pejčinović Burić, Secretaria General del Consejo de Europa, expresó su preocupación ante el hecho de que “algunos políticos culpan a las personas gitanas por la propagación del virus” y advirtió contra las medidas “que podrían comprometer aún más la vida humana, los derechos de las personas gitanas y obstaculizar su acceso equitativo a la prestación de servicios públicos básicos, sobre todo la atención de la salud, el saneamiento e incluso el agua dulce”. Sus preocupaciones estaban bien fundadas. En Bulgaria, por ejemplo, las cuarentenas y los toques de queda que llevaron al bloqueo de los barrios gitanos una “etnicización de la pandemia”: las medidas punitivas dirigidas a las personas gitanas fueron desproporcionadas, no guardaban relación con las tasas de infección reales y luego se reconoció que habían sido en gran medida ineficaces.
El enfoque específico de la etnia fue más duro en Yambol, que estuvo en cuarentena total y bloqueado durante 14 días. En la mañana del 14 de mayo, un helicóptero roció cerca de 3.000 litros de detergente para ‘desinfectar’ el barrio gitano. El eurodiputado de extrema derecha Angel Dzhambazki pidió el cierre de “todos los guetos gitanos en todas partes”, describiéndolos como los “verdaderos nidos de infección”.
No hay nada casual en esto, el antigitanismo ha demostrado ser un componente crucial del arsenal de la extrema derecha, y está tan profundamente arraigado en las instituciones del Estado y la sociedad que la reacción pública a los actos de castigo colectivo violento contra las personas gitanas es, en el mejor de los casos, ambivalente y, con demasiada frecuencia, abiertamente solidario. Aquellos que disimulan y argumentan que tal violencia contra los gitanos son incidentes raros de poca importancia, y generalmente el producto de “tensiones comprensibles”, ignoran deliberadamente una historia de opresión sangrienta, violencia de turbas y “justicia” sumaria.
Una breve historia de la persecución.
No hay nada novedoso en este tipo de racismo antigitano, y los paralelos con la violencia antisemita del siglo pasado son dignos de mención. La palabra pogromo suele evocar recuerdos de atrocidades cometidas por bandas itinerantes de enemigos de los judíos, como los Black Hundreds, en medio del colapso del imperio ruso; y fue el pogromo de Kishiniev de 1903 el que “marcó el comienzo de los pogromos como una institución nacional”, y ofreció “un visión discordante de lo que el nuevo siglo bien podría deparar”. Las personas gitanas también serían señaladas para el castigo colectivo a lo largo del siglo XX, víctimas de la crueldad pública orquestada con la connivencia oficial, atacados por su condición de parias y su etnia.
La sombría genealogía de la persecución de las personas gitanas se extiende desde las ‘cacerías de gitanos’ sancionadas oficialmente y los edictos de destierro en el siglo XVII hasta el exterminio masivo en el Holocausto de mediados del siglo XX, y la persecución y expulsión en casos de limpieza étnica a finales del milenio.
Después de la caída de la dictadura en Rumanía, las personas gitanas se convirtieron en la década de 1990 en blanco de la violencia comunitaria y el castigo colectivo, que a veces culminaba con la expulsión de comunidades enteras. El 20 de septiembre de 1993, tras un apuñalamiento mortal, una multitud mató a tres hombres gitanos en la aldea de Hadareni. Durante el pogromo, 13 casas de familias gitanas fueron incendiadas y destruidas y otras cuatro viviendas sufrieron graves daños.
Una idea de lo peligrosa que era la situación para las personas gitanas en Rumanía en ese momento puede percibirse por los informes que revelan que la policía solía tardar en llegar al lugar de los hechos de violencia y, por lo general, no intervenía para proteger a las personas gitanas atacadas. En un macabro eco de los pogromos anteriores, se informó de que las turbas de aldeanos se reunieron al toque de las campanas de la iglesia antes de descender sobre los barrios gitanos para golpear a las personas, y quemar y saquear las casas.
El siglo XX se cerró con la última guerra de los Balcanes, y las personas gitanas de Kosovo se vieron atrapadas y fueron blanco de una supuesta colusión de combatientes paramilitares de ambos bandos. En una ola de “limpieza étnica inversa” al final de la guerra, los extremistas albaneses violaron y asesinaron a personas gitanas, y las turbas saquearon y quemaron barrios gitanos enteros, lo que obligó a miles a huir para salvar sus vidas y precipitó la migración forzada de hasta 100.000 gitanos y gitanas de Kosovo.
Italia: donde los “ciudadanos normales” llevan a cabo “actos de violencia inhumana” contra las personas gitanas
En marzo de 2021, el Tribunal Supremo italiano desestimó las apelaciones de cuatro personas condenadas por su papel en el pogromo contra las personas gitanas en el que se quemó y destruyó por completo un campamento informal cerca de Turín en 2011. Esta impactante violencia de turbas, que obligó a los habitantes a huir para salvar sus vidas, fue provocada por una acusación completamente falsa de agresión sexual. El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia y el dictamen de la jueza de la sentencia, Paola Trovati, declaró que los crímenes de odio cometidos fueron “producto de un odio étnico ancestral e incesante hacia los gitanos” que llevó a “ciudadanos normales” a realizar “actos de violencia inhumana”.
En 2018, The Guardian informó sobre advertencias de un peligroso incremento de los ataques contra inmigrantes y minorías después de que se registraran 12 tiroteos, dos asesinatos y 33 agresiones físicas en los dos meses desde que el líder de la Lega, Matteo Salvini, se convirtió en ministro del Interior.
Poco después de asumir el cargo, Salvini anunció su decisión de seguir adelante con los desalojos masivos de campamentos y con las redadas de gitanos extranjeros, al declarar en televisión que “los extranjeros irregulares serán deportados a través de acuerdos con otros países, pero lamentablemente en el caso de las personas gitanas italianas, tenemos que seguir con ellas en casa.” Particularmente escalofriante fue la famosa llamada de Salvini a una “limpieza masiva calle por calle, plaza por plaza, barrio por barrio”.
En noviembre de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió sobre los peligros que representa para la sociedad el recurso tan frecuente al discurso de odio en altos niveles políticos y señaló que “el discurso de odio se ha normalizado y parece que las manifestaciones de odio se han vuelto aceptables.” El ACNUDH revisó numerosas declaraciones incendiarias de políticos, incluidos miembros del Gobierno. En esta escandalosa letanía de abusos racistas se incluyeron declaraciones que afirmaban que a las personas gitanas se les debería “cortar las manos”, deberían “trabajar más duro y robar menos”; y según declaraciones públicas de miembros italianos del Parlamento Europeo, “los gitanos son la escoria de la sociedad”.
Una década antes, la Emergenca Nomadi del primer ministro Berlusconi, con su demonización del pueblo gitano, anunció un período prolongado de hostigamiento, expulsiones, violencia callejera y pogromos contra las comunidades gitanas. En Ponticelli, cerca de Nápoles, en mayo de 2008, después de que una joven gitana de 16 años fuera acusada de intento de secuestro de un niño, una turba de 300 personas armada con bates de béisbol y cócteles molotov arrasó el campamento más grande y obligó a las familias gitanas a huir sin sus posesiones a través de una masa de lugareños violentos. Imágenes delcampamentos en llamas y de los rostros asustados de niños gitanos en camionetas observando sus antiguas casas en llamas ocuparon los titulares de los medios de comunicación internacionales.
Descartando las críticas internacionales, Umberto Bossi afirmó que “la gente hace lo que el Estado no es capaz de gestionar” y el ministro del Interior, Roberto Maroni, afirmó que “eso es lo que sucede cuando los gitanos roban bebés o cuando los rumanos cometen violencia sexual”. Según los resultados de una encuesta del periódico nacional italiano La Repubblica realizada en mayo de 2008, el 68 % de los italianos querían abordar el “problema de los gitanos” expulsándolos a todos.
Francia: “La mayoría de los gitanos deberían ser devueltos a las fronteras”
Los disturbios en julio de 2010, en el pueblo de Saint-Aignan, protagonizados por personas gitanas después de que un joven gitano francés de 22 años fuera asesinado a tiros por la policía durante una persecución de automóviles, proporcionó al presidente francés Nicolas Sarkozy un pretexto para lanzar una serie de medidas dirigidas directamente a las personas gitanas búlgaras y rumanas.
Una política estatal de castigo colectivo se puso en marcha con la intención declarada de Sarkozy en 2010 de arrasar los campamentos gitanos y deportar a las personas gitanas masivamente a Rumanía y Bulgaria. A la retórica incendiaria le siguieron medidas políticas punitivas y la imposición deliberada de castigos a las personas gitanas mediante desalojos forzosos y deportaciones. El alboroto creado por las autoridades sobre los gitanos fue extraordinario desde cualquier punto de vista si se tiene en cuenta que en un país de 66,3 millones de habitantes, los gitanos “migrantes” nunca superaron las 20.000 personas.
Cualquier motivo para el optimismo de que un gobierno socialista podría adoptar un enfoque más humano pronto se desvaneció. El nuevo ministro del Interior, Manuel Valls, demostró estar aún más entusiasmado con los desalojos masivos que Sarkozy, y declaró infamemente en 2013 que “la mayoría [de los gitanos] debería ser devuelta a las fronteras. No estamos aquí para recibir a esta gente; los estilos de vida gitanos están claramente enfrentados a los estilos de vida franceses: nunca podrían integrarse”.
Bulgaria: “intolerancia desenfrenada manifestada hacia los grupos minoritarios”
Tras un incidente violento en el pueblo de Voivodina, cerca de Plovdiv, el 6 de enero de 2019, que dejó hospitalizado a un miembro de las fuerzas especiales de Bulgaria, se organizaron protestas contra las personas gitanas que exigían la demolición de todas las casas gitanas del pueblo. Asistieron a las protestas residentes locales, miembros de grupos extremistas, ultras del fútbol y personal del ejército que profirió amenazas de represalia contra las personas gitanas.
El Ministro de Defensa y Viceprimer Ministro de Orden Público y Seguridad, Krasimir Karakachanov, líder del partido xenófobo y de extrema derecha Organización Revolucionaria Macedonia Interna (IMRO), agravó aún más la situación al declarar a los medios que:
“Los gitanos en Bulgaria se han vuelto excepcionalmente insolentes. ... Esto no puede continuar. La tolerancia de la sociedad búlgara se ha agotado. […] La verdad es que tenemos que hacer un programa completo para la solución del problema gitano”.
En un llamamiento abierto al castigo colectivo de toda una comunidad gitana por las acciones de dos personas, pidió a las autoridades locales que se ocuparan del asunto y exigió la eliminación de las llamadas “viviendas ilegales” en el barrio gitano de la aldea. Cinco casas fueron demolidas casi de inmediato, solo tres días después del incidente, con la excusa de sus malas condiciones. Al día siguiente, diez casas más fueron destruidas.
Por temor a más violencia, unos 200 gitanos y gitanas huyeron del pueblo a la cercana Plovdiv. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, visitó a las familias desplazadas y se mostró “consternada por la degradación, insalubridad y falta de servicios básicos”. Informó que los niños y niñas asistían a una escuela segregada de inferior calidad, los padres habían perdido sus trabajos y luchaban por encontrar empleo, y habían abandonado sus planes de regresar a Voivodina, “donde ya no eran bienvenidos y donde estaban en peligro de perder su casa.” Cuando la Comisaria se reunió con las autoridades locales, informó que parecían indiferentes a la situación de las familias involucradas.
El 6 de febrero de 2019, el IMRO publicó lo que han mencionado repetidamente, en términos deliberadamente siniestros: políticas propuestas “para resolver el problema gitano”. Entre las propuestas estaban la demolición de todas las casas sin la documentación adecuada y la “limitación de los nacimientos” a las madres gitanas.
En el informe sobre su visita a Bulgaria en 2019, la comisaria Mijatović señaló con alarma la intolerancia desenfrenada manifestada hacia los grupos minoritarios en Bulgaria y llamó la atención sobre el hecho de que la violencia de las turbas en Voivodina formaba parte de una ola de manifestaciones antigitanas que se estaban produciendo en toda Bulgaria, donde esa violencia orquestada por turbas a menudo preparaba el escenario para posteriores desalojos y órdenes de demolición que afectaban a las personas gitanas. También señaló que, a lo largo de los años, estos disturbios, demoliciones y desalojos forzosos tienen lugar en el contexto de las campañas electorales, ya que los políticos utilizan a las personas gitanas como chivos expiatorios como parte de su comunicación política.
La Comisaria también recordó los hechos de Gabrovo en abril de 2019, donde durante cuatro noches consecutivas, turbas recorrieron las calles atacando casas gitanas, destrozando muebles y gritando “Muerte a los gitanos”. Las casas estaban vacías porque las familias gitanas, habiendo visto y oído a la turba, ya había huido al bosque. Posteriormente, muchas familias abandonaron la ciudad.
Como señaló el sociólogo Stefan Krastev, tales casos habían sido recurrentes durante años, provocados por altercados relativamente menores, “pero en la lente racialmente sesgada de la mayoría de las redes sociales y principales, tales incidentes adquieren el estatus de una metáfora de la posición supuestamente privilegiada de las personas gitanas en la sociedad búlgara”. A pesar de ser quizás los grupos sociales más desfavorecidos socialmente, Krastev señala que las personas gitanas son “paradójicamente percibidas por muchos búlgaros blancos como receptores privilegiados de asistencia social y de derechos, mimados por las élites políticas a expensas de la gente común que trabaja y paga impuestos”.
Tales actos públicos de violencia de turbas y castigos colectivos dirigidos a los barrios gitanos han sido facilitados y permitidos durante mucho tiempo por los racistas, tanto en el gobierno como en los partidos de oposición. El uso de las personas gitanas como chivos expiatorios aumenta siempre en el período previo a las elecciones, y los “carnavales” orquestados de violencia colectiva contra las personas gitanas proporcionaron distracciones temporales de los incesantes escándalos de corrupción.
Se puede obtener cierta medida del calibre de la élite gobernante a partir del nombramiento en 2017 del seguidor del Frente Patriótico y Viceprimer Ministro, Valeri Simeonov, para dirigir el Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración. Simeonov, había hecho unas declaraciones infames en el parlamento: “las personas gitanas son criaturas descaradas, salvajes, parecidas a los humanos, que exigen pagas sin trabajar y cobran beneficios por enfermedad sin estar enfermos. Reciben subsidios de infancia para los niños, que juegan con cerdos en la calle y para las mujeres, que tienen instintos de perros callejeros”.
En una carta abierta del 29 de mayo, cerca de 400 intelectuales y activistas de derechos humanos búlgaros denunciaron el nombramiento de este “pronunciado partidario de la ideología fascista y neonazi”. Posteriormente, Simeonov fue condenado por estos comentarios, pero dos años más tarde fue absuelto de los cargos de incitación al odio por un panel de tres miembros del Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria.
Hungría: Matanzas neonazis para resolver la “situación social” y “restaurar el orden”
Febrero de 2023 marcó el 14º aniversario del asesinato de Robika Csorba, de cinco años, y su padre Robert, víctimas de una serie de ataques mortales contra asentamientos gitanos en Hungría en 2008 y 2009. En un contexto de incitación racial, informes de prensa prejuiciosos y movilización de extrema derecha, con llamados a cruzadas y soluciones finales al ‘problema gitano’, seis gitanos fueron asesinados y más de 50 heridos en la ola de terror de extrema derecha, que dejó a los mutilados y a los heridos severamente traumatizados. Después de la medianoche del 23 de febrero de 2009, en el pueblo de Tatárszentgyörgy, los atacantes arrojaron cócteles Molotov, incendiando la casa de la familia Csorba. Al escuchar los golpes, Robert protegió a sus dos hijos mayores, mientras que su pareja se llevó al menor Maté. Mientras Robert huía de la casa en llamas, sosteniendo a Robika cerca de su pecho y a Bianka a su lado, un hombre armado que esperaba abrió fuego e hirió a los tres. Solo Bianka sobreviviría. La milicia de extrema derecha Magyar Garda había organizado una reunión masiva en Tatárszentgyörgy antes del ataque fatal. Los discursos estuvieron llenos de expresiones de racismo antigitano y amenazas de violencia punitiva.
En su testimonio tras su captura, los asesinos afirmaron que habían asistido a la inauguración de Magyar Garda pero que los habían encontrado “ridículos” e ineptos para resolver la “situación social”; y su acusación señaló que decidieron armarse para desempeñar un papel activo en la “restauración del orden”; seleccionaron sus objetivos en función de los informes de los medios, “su atención se centró en cualquier lugar donde hubiera un conflicto importante entre los gitanos y los húngaros”.
Los asesinatos cesaron, pero los supervivientes, las personas en duelo y la comunidad gitana en general quedaron traumatizados; y tampoco hubo tregua en los discursos de odio, los llamamientos al castigo colectivo y la intimidación directa a los gitanos y gitanas por parte de la extrema derecha. En una manifestación multitudinaria en Budapest para conmemorar la fundación de la “nueva” Guardia Húngara, el líder de Jobbik, Gábor Vóna, declaró: “Necesitamos hacer retroceder a estos cientos de miles de forajidos gitanos. Debemos mostrar tolerancia cero hacia el crimen y el parasitismo de las personas gitanas... Cualquier gitano que no se adapte debe abandonar el país”. Fuera de la capital, el castigo colectivo tomó cada vez más la forma de manifestaciones masivas de grupos de extrema derecha que llegaban a los barrios gitanos.
Conclusión
Los sucesos en Peal de Becerro (Jaén) el 17 de julio de 2022 -donde una turba de varios centenares de personas, al grito de “¡Asesinos fuera!” (asesinos fuera), saquearon e incendiaron seis casas, amenazaron a familias gitanas y pintaron la palabra “asesinos” en las paredes de decenas de sus casas- conmocionó a toda España. El diputado Ismael Cortés, que recordó los pogromos de 1986 en Martos (Jaén), que provocaron la huida de la población gitana tras el incendio de sus viviendas, declaró: “La historia se repite. El eterno retorno del antigitanismo”; y publicó una firme declaración de rechazo a la idea tóxica de la culpa colectiva:
“La responsabilidad ética y legal de cualquier delito siempre recae en un individuo en particular o en un grupo de individuos. Nunca se puede atribuir la responsabilidad de un delito a entidades abstractas como culturas, etnias, razas o religiones. Siempre, siempre, siempre, hay responsabilidades individuales”.
Debería ser motivo de alarma que una población, señalada para el exterminio por los nazis y sus aliados fascistas hace apenas ochenta años, pueda ser el objetivo público de las fuerzas de extrema derecha en toda Europa en el siglo XXI; las personas gitanas son estigmatizadas y señaladas para el castigo colectivo por parte de los principales políticos y los movimientos neonazis por igual, mientras que la población mayoritaria permanece públicamente indiferente y ambivalente. Como mínimo, esto apunta a la necesidad urgente de un “ajuste de cuentas con la historia” público en toda Europa para arrojar luz y difundir el conocimiento sobre las atrocidades masivas contra el Pueblo Gitano en el pasado, y la movilización de las fuerzas progresistas contra las atrocidades actuales. En 1938, Hannah Arendt escribió: “Que los judíos sean la fuente del antisemitismo es la percepción maliciosa y estúpida de los antisemitas”. Como si no se hubiera aprendido nada del Holocausto, hoy se pueden escuchar las mismas ideas maliciosas y estúpidas referidas a las personas gitanas. Los principales líderes políticos que se entregan a la retórica antigitana para obtener ganancias electorales a corto plazo, que no condenan o incluso aprueban tácitamente los actos de castigo colectivo y la violencia de las turbas contra las personas gitanas, son responsables de perpetuar esta forma perniciosa de racismo del exterminio. Estos políticos no sólo deshonran a los muertos, sino que, en virtud de su complicidad, ponen en peligro a los vivos. En estos tiempos oscuros, callar es ser cómplice.
Traducción de Javier Sáez del Álamo
Bernard Rorke
European Roma Rights Centre