I. Igualdad de trato y diversidad.
En el ámbito del proyecto europeo NET-KARD1 desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano, se han realizado diversos grupos de discusión con “personal” (no venían a los grupos representando al Cuerpo, sino como colaboración individual) de los diversos cuerpos policiales: guardia civil, policía local de Fuenlabrada, policía local de Pederzuela, Mossos d’Esquadra, policías locales de las ciudades de Sant Adrià de Besòs y de Sabadell. Además, un “miembro” de la Policía Nacional colaboró remitiendo sus aportaciones escritas sobre esta materia.
Las conclusiones de los dos grupos de discusión, que nos proporcionan pistas claras para impulsar la igualdad y la diversidad desde este agente profesional clave, son las siguientes:
1. Bajo nivel de denuncias por parte de personas gitanas. Desconfianza entre la comunidad gitana y la policía.
La falta de denuncias o quejas por discriminación fue señalada por casi todos los agentes de policía de los grupos de discusión como uno de los principales problemas que afectan a la comunidad gitana. Indirectamente a su vez esto es un problema para los propios servicios policiales, ya que es un indicador de falta de confianza de los gitanos y gitanas en la policía, o de que la comunidad gitana no conoce sus derechos o el concepto de discriminación, ni los canales de que dispone para denunciar estos casos.
• Barreras desde la comunidad gitana hacia los servicios policiales • Existe una tradición en España de persecución hacia la comunidad gitana, incluso por parte de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil especialmente). Esto ha consolidado un sentimiento arraigado en la comunidad de desconfianza y miedo, de modo que aún hay muchos gitanos y gitanas ven con recelo a la policía.
• Aún en la actualidad a veces hay redadas policiales en barrios donde viven muchos gitanos para localizar drogas. A veces estas redadas se hacen de forma espectacular, cerrando el barrio entero, entrando en muchas casas, etc., lo cual da una imagen demasiado agresiva para las personas gitanas que viven en el barrio pero que no se dedican a ninguna actividad delictiva.
• Muchas personas gitanas no conocen el concepto de discriminación, o no saben que es un acto ilegal, o que tienen derechos que son vulnerados. Tampoco conocen los cauces por los cuales podrían denunciar situaciones donde son víctimas de discriminación. Los gitanos y gitanas jóvenes con más formación pueden ser más conscientes de que son discriminados pero no tienen costumbre de denunciar esos casos.
• Barreras desde los servicios policiales hacia la comunidad gitana:
• Por otra parte, también existen todavía estereotipos y prejuicios por parte de personal de los servicios policiales sobre la comunidad gitana. Esto dificulta la comunicación, y la recogida de casos (por ejemplo, la policía no está acostumbrada a percibir a una persona gitana como una potencial víctima de discriminación, sino más bien como potencial sospechoso de un acto ilícito).
En el grupo de discusión se expuso que, en general, el proceso de denuncias y el acceso a la justicia es complejo y puede ser caro. La policía puede tener un papel de orientación y ayuda pero no está suficientemente formada en esta cuestión. La policía podría darse a conocer como un servicio en el que se pueden denunciar casos de discriminación. Si la policía anota en sus atestados que se trata de un incidente discriminatorio, esto ayudará a la instrucción de los fiscales para que se identifique que no es un acto cualquiera, sino que tiene un agravante basado en la discriminación étnica.
Además se propuso que una forma de mejorar la comunicación sería un acercamiento cotidiano de los/las policías a los barrios donde viven una mayoría de gitanos, lo que se llama “policía de proximidad”, donde los policías conozcan de cerca la realidad gitana, hablen con las personas, vayan creando un clima de confianza mutua basado en el diálogo; salir de la oficina y andar por la calle es una buena forma de que la policía se perciba como algo cercano que da un servicio.
Los policías participantes en los grupos manifestaron que a pesar de ser conscientes de que hay casos de discriminación, no conocían casos en los que personas de etnia gitana se hubieran dirigido a sus servicios policiales para denunciar casos de discriminación.
2. Ausencia de datos referentes a casos de discriminación. Gran discrepancia entre los casos reales y lo que se refleja en datos e informes.
Otro de los problemas que han señalado los participantes de los grupos de discusión es la ausencia de datos referentes a discriminación de personas de etnia gitana. En esto se menciona un problema legal, dado que según la legislación española no es posible recabar o registrar datos étnicos de las personas. Por un lado esto permite una mayor protección de la privacidad y de los datos personales, pero a la vez impide que haya datos o pruebas visibles de que esta minoría étnica, la gitana, sufre casos de discriminación por su pertenencia étnica.
Algunas policías como la de Mossos d’Esquadra y la local de Fuenlabrada incluyen procedimientos para detectar si hay casos de discriminación racial o étnica, o delitos de odio, de modo que sí pueden ofrecer datos concretos sobre incidentes racistas o antigitanos.
3. Falta de coordinación entre los diferentes niveles y tipos de policías.
Una de las dificultades señaladas en los grupos de discusión se refiere a la complejidad del sistema del Estado español, que tiene varios niveles administrativos y competenciales (Estatal, regional, provincial, local). Esto afecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en ocasiones tienen dificultades para coordinarse adecuadamente, compartir experiencias y procedimientos, etc., y esto afecta también el que no haya una estrategia global o unificada sobre cómo abordar la discriminación racial o étnica (por ejemplo hay iniciativas positivas en algunas policías locales o regionales pero no se conocen en otras ciudades o regiones).
4. Falta de diversidad entre el personal de la policía.
En ambos grupos de discusión se reconoció que aún hay muy poca diversidad dentro de la policía, y especialmente pocos policías de etnia gitana. Se considera necesario y útil introducir medidas que favorezcan la diversidad (étnica, religiosa, de orientación sexual, más mujeres, etc.), y ello implica a las personas de etnia gitana. No obstante se reconoce que no hay apenas iniciativas en este sentido (la policía de Fuenlabrada sí ha iniciado medidas para incluir personas de origen árabe, y más mujeres).
5. Carencias en la formación de la Policía, necesidad de protocolos y estándares comunes (crímenes de odio, discriminación, derechos humanos).
La nota común que caracteriza a los llamados delitos de “trato discriminatorio” es que el fin último que motiva al autor de la acción delictiva es el odio al diferente. Este odio se ve reflejado en las conductas xenófobas, racistas, homófobas, aporófobas (odio a los pobres), de intolerancia religiosa, intolerancia ideológica o de conciencia, intolerancia hacia las discapacidades físicas o psíquicas y otras violaciones directas de los principios de libertad, igualdad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, principios en los que se fundamenta la Unión Europea. La comunidad gitana es uno de los grupos sociales que más discriminación sufre, como revelan numerosos estudios a nivel nacional e internacional.
En el marco de los países de la Unión Europea existe una creciente sensibilización para dar importancia a la lucha contra este tipo de conductas y se otorga una especial importancia al derecho penal como instrumento para combatir eficazmente la discriminación y el odio a los diferentes.
La experiencia ha demostrado que muchos de estos hechos son considerados como hechos de trascendencia menor por policías, jueces y fiscales y es relativamente frecuente que se reputen como meras faltas o infracciones leves, no agotándose en algunos supuestos toda las posibilidades de persecución que merece la conducta, conforme al marco jurídico vigente.
De otra parte, existe un gran desconocimiento de las organizaciones policiales, en relación a la cifra real de las conductas de odio o de trato discriminatorio o con componente de discriminación que se están cometiendo, ya que no se han establecido procedimientos para su registro específico.
En el plano local, las policías podrían mejorar su servicio protocolizando la actuación policial ante este tipo de situaciones, para garantizar una respuesta de calidad y estrictamente ajustada al ordenamiento jurídico y, además, registrar los hechos de este tipo sucedidos en nuestro municipio, para poder diagnosticar mejor el problema y acometer las acciones que fueran necesarias.
En los grupos también se comentó la necesidad de que esa formación en igualdad, diversidad, comunidad gitana, etc. sea continua, que no se trate solamente de un curso aislado sino algo constante y que se actualice periódicamente, dado que la propia sociedad evoluciona y cambia rápidamente, y la policía debe adaptarse a esos cambios y conocer esas nuevas realidades.
Desde los grupos de discusión se recomienda a las autoridades (gobierno nacional, regional y local) implementar todas las medidas necesarias para remover cuantos obstáculos impidan o dificulten que la igualdad sea real y efectiva, y una de ellas ha de ser la necesidad de resolver el persistente déficit de formación en los conocimientos relativos al principio de igualdad y no discriminación, algo que afecta en distinta medida no sólo a policías sino también a jueces, fiscales, secretarios judiciales, forenses, funcionarios de prisiones y miembros de empresas de seguridad privada, circunstancia que en algunos casos impide detectar con el rigor necesario los casos de discriminación y dar la respuesta que la ciudadanía, especialmente sus colectivos más vulnerables, demanda.
Desde los grupos de discusión se recomienda a las autoridades (gobierno nacional, regional y local) implementar todas las medidas necesarias para remover cuantos obstáculos impidan o dificulten que la igualdad sea real y efectiva, y una de ellas ha de ser la necesidad de resolver el persistente déficit de formación en los conocimientos relativos al principio de igualdad y no discriminación, algo que afecta en distinta medida no sólo a policías sino también a jueces, fiscales, secretarios judiciales, forenses, funcionarios de prisiones y miembros de empresas de seguridad privada, circunstancia que en algunos casos impide detectar con el rigor necesario los casos de discriminación y dar la respuesta que la ciudadanía, especialmente sus colectivos más vulnerables, demanda.
Se apunta a la necesidad de formación obligatoria, tanto inicial como continuada, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como de Jueces y Fiscales en la lucha contra la discriminación y en la aplicación del principio de igualdad. Así, se han de implementar las medidas de formación adecuadas para garantizar que en los atestados quede debidamente acreditada la motivación de los hechos y se practiquen cuantas diligencias sean precisas para desvelar la pertenencia del autor/es a organizaciones u grupos constituidas para provocar o incitar al odio, la violencia o la discriminación.
La falta de capacitación de los y las policías comporta que en algunos casos las investigaciones sean insuficientes para desenmascarar la naturaleza discriminatoria del hecho o se tienda a minimizar los pocos casos que llegan a las comisarías, fiscalías o juzgados. En ocasiones contribuye a ello el desconocimiento por parte de policías, fiscales o jueces de la realidad cotidiana que rodea a las víctimas, o la especificidad de sus problemas o aspectos básicos de su vida social, cultural, religiosa etc. Por otra parte es necesario resaltar que tanto los Policías, como los fiscales o los jueces, son expresión de la sociedad a la que sirven y, por tanto, pueden incurrir en algún caso en los mismos estereotipos y prejuicios que dicha sociedad. Por ello al abordar el trabajo con las víctimas, y entre ellos las de etnia gitana, se ha de ser consciente de que se pueden dejar llevar por dichos estereotipos al evaluar la credibilidad de un testigo por parte de quien le recibe declaración o valora su testimonio. También deben ser conocedores de las resistencias de las víctimas a denunciar por multitud de razones y por tanto desarrollar habilidades profesionales para superarlas y lograr que la víctima denuncie para poder tutelar sus derechos.
6. Contacto con la sociedad civil y las asociaciones gitanas:
Además de una adecuada capacitación, constituye una herramienta fundamental para conocer las complejas cuestiones que rodean a las potenciales víctimas y para hacer una exitosa labor de prevención, que la Policía establezca alianzas y contactos regulares con los servicios sociales de atención a víctimas, testigos, ONGs, asociaciones u otros representantes de la sociedad civil, perfectamente conocedores de la realidad que rodea a las víctimas. La Policía y la Fiscalía no deben esperar a que suceda un caso de alto perfil de odio para contactar con la comunidad. La comunicación regular y la consulta con los grupos comunitarios, entre ellos los de la comunidad gitana, pueden ser herramientas poderosas para la prevención de todo tipo de delincuencia, y puede dar resultados positivos para la policía y para la Fiscalía contribuyendo de esta forma a mejorar la confianza de las víctimas a la hora de denunciar los hechos y facilitando una mayor cooperación de los testigos. Este contacto fluido con el tejido asociativo permite también establecer cauces de comunicación y diálogo cuando surgen tensiones entre las comunidades, disponiendo la policía de mejor información y medios para calmar la situación, o para saber cuándo hay que intensificar la presencia policial para atender las preocupaciones de la comunidad.
7. Carta de Rotterdam2.
Durante los grupos de discusión se hizo referencia en varias ocasiones a la Carta de Rotterdam como un instrumento que puede dar orientaciones a los gobiernos sobre una buena actuación policial con las minorías étnicas, que serían aplicables al trato con la comunidad gitana.
Según esta Carta, la formación constituye una de las herramientas de gestión más importantes para crear un cuerpo policial profesional y multicultural, que pueda ofrecer servicios a una sociedad multicultural.
Así mismo, la Carta defiende que los Centros de Formación Policial deben asumir una parte importante de la responsabilidad pública para transformar los cuerpos 2 http://www.legislationline.org/documents/id/856 policiales monoculturales en instituciones multiculturales, porque dicha responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los servicios policiales operativos.
Sin embargo, la Carta también hace hincapié en la conveniencia de que las escuelas de policía aprovechen las experiencias prácticas de los servicios policiales operativos en esta materia y que la formación tenga el objetivo de adaptar los métodos y las habilidades existentes para tratar más eficazmente las situaciones de conflicto entre culturas diferentes.
Por último, la Carta propone implicar a las organizaciones no gubernamentales y a personas de las comunidades étnicas minoritarias en los programas de formación policial, puesto que también ellos son destinatarios de los servicios policiales.